La disculpa pública

En estos días en el Ayuntamiento de Guadalajara se presentó un caso de señalamientos a servidores públicos por hacer labor proselitista indebida. Los señalamientos pasaron de la denuncia a una suerte de campaña denostativa dispersa en los medios y las redes sociales. El caso sirve de pretexto para reflexionar respecto al derecho a la presunción de inocencia que tenemos todas las personas, que esta regulado por tratados internacionales y por la propia Constitución. Las acusaciones, denuncias, señalamientos se han vuelto una práctica común en el juego de los contrapesos políticos en democracia, y que bueno que existan estos mecanismos, pero en México lamentablemente en muchos casos se vulneran los derechos humanos de muchas personas inocentes en medio de la vorágine que busca notoriedad. Al violar este ámbito de dignidad de la persona se cae en el precipicio terrible de la impunidad, que es la mayor amenaza de la libertad. Esto es muy grave porque el ámbito de libertad de la comunidad depende de la fuerza y eficacia de la defensa de la dignidad de las personas. Y son los derechos fundamentales la forma como se hace explícito el contenido y alcance de esta dignidad. En casos como este se pasa por encima de los principios de presunción de inocencia y debido proceso que garantiza que todas las personas son inocentes hasta que se demuestra y se establece su culpabilidad por una autoridad competente. Es decir que la inocencia se presume desde que alguien denuncia, durante la averiguación que en su caso se hiciera, y en el juicio que la autoridad judicial condujera. Más aún, nadie es presunto responsable de un delito si no ha sido formalmente acusado por el Ministerio Público de él. Esto es más relevante en el contexto de la época que vivimos en donde las imágenes, los sonidos, las percepciones que estimulan emociones y los espectáculos públicos, dominan la formación de opinión en las comunidades. Resulta muy complicado explicarle a un niño que su madre no irá a la cárcel cuando en los medios y las redes sociales se difunden ataques basados en declaraciones con enfoque político. El daño moral que se infunde a las personas y las familias por las aseveraciones son graves, cuantificables y ahora por fortuna exigibles judicialmente, pero solo por unos cuantos que tienen los recursos suficientes para actuar en los tribunales. El célebre profesor norteamericano Donald Dworkin afirmaba que la sociedad encuentra estos que el llamaba casos difíciles en los que se enfrentan desafíos para hacer prevalecer la libertad que respeta a las personas y hace que las personas respeten la libertad. Es delicado que en la vorágine de impactos informativos se confunda a la opinión pública, mediante aseveraciones que pueden quedar impunes. Al final de cuentas la sociedad se hace un juicio de las personas por la percepción de los contenidos que los medios difunden de ella. Este es un desafío ético y jurídico que tenemos los mexicanos. Corresponde a las autoridades políticas plantearse límites y a los medios de comunicación regulaciones éticas y a las autoridades judiciales ir resolviendo los casos que no terminen en simplemente una disculpa pública. O un simple usted perdone.