sábado, 22 de septiembre de 2012

La reforma laboral

La fuerza política del Presidente Enrique Peña se ha comenzado a sentir en el Congreso con la operación de la reforma laboral. La primer señal de operación fue el acuerdo con el Presidente Calderón que se estrenó con la facultad de enviar su iniciativa con carácter preferente, lo que implica su discusión y en su caso aprobación en unas cuantas semanas. Luego vinieron los pronunciamientos de los líderes priistas en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones y en el senado Emilio Gamboa Patrón, en el sentido de respaldar que se estudiara y votara una reforma laboral. Enseguida vinieron los acuerdos con algunas fracciones del PRD que mostraron su disposición a un diálogo constructivo con el equipo del presidente electo. Ahora hay condiciones para afirmar que se aprobará una reforma laboral, esa puede ser una buena noticia para México, a condición de que el contenido de las reformas implique entrar de fondo en dos grandes temas: la flexibilidad para la contratación de personal, por horas y por medio de empresas especializadas, y por otra parte la transparencia en el manejo y operación de los sindicatos. Muchos son los detalles que contienen las propuestas del Presidente, la del PRI y la del PRD pero estos dos temas serán la parte central del debate. El primero tiene importancia económica y el segundo trascendencia política. Si lograra pasarse una reforma con profundidad en estos dos aspectos la reforma será un hecho muy trascendente antes de la toma de posesión del nuevo Presidente y una muestra de fuerza política basada en el diálogo y la concertación. Lo que significa un cambio radicar respecto al estilo político de su predecesor. Implicaría también un cambio hacia el interior de sindicatos y centrales obreras y por tanto tendría un impacto hacia el interior de los partidos políticos, sobre todo en el PRI. Además podría implicar una apertura en agrupaciones estratégicas como los sindicatos de maestros, de petroleros, médicos, mineros y burócratas, una apertura que puede significar el fin de su tradicional poder político. Estas agrupaciones son las que con más fuerza se opondrán a estos aspectos de la reforma, mientras que las centrales tradicionales se pueden oponer con más fuerza a la flexibilización en los contratos y en la pérdida de beneficios sociales de los trabajadores. Habrá que estar muy atentos para seguir el desarrollo de los debates en el Congreso, porque también puede suceder que todo el esfuerzo político se diluya y que la reforma se reduzca a mínimos y entonces el prestigio político creciente del nuevo Presidente se convierta en un primer fracaso. Es mucho lo que se juega el Presidente en esta primera operación de fuerza y estilo político.

sábado, 15 de septiembre de 2012

La violencia en nuestras ciudades

México vive una época violenta. La más agitada desde la revolución de 1910. Sus repercusiones en el desarrollo humano son muy considerables: tienen costos directos medidos en pérdidas de vidas humanas y lesiones físicas,
 y costos indirectos expresados en traumas psicológicos, desplazamientos de poblaciones, y daños a la economía. Las ciudades de México hoy en día son centros de violencia multifacética. La violencia criminal y organizada, asociada muchas veces al tráfico de drogas se ha entrelazado con la política. En algunas zonas las pandillas y las milicias han pasado a sustituir a la autoridad pública, ofreciendo protección a las comunidades. La violencia social, incluida la violencia en la esfera doméstica, es un problema muy grave, especialmente para los mujeres y jóvenes vulnerables. Vivimos un dilema urbano en el que los pobres tienen luchan por vivir mejor en las ciudades y al mismo tiempo se exponen a ser parte activa de la violencia. La población más pobre de las ciudades es la que más sufre todas las expresiones de violencia, que día a día menoscaba las relaciones entre las autoridades públicas y los ciudadanos, y ha dado lugar a políticas de mantenimiento del orden centradas en la represión en vez de la participación constructiva. Y a partir de ahí se inicia un círculo vicioso porque la incapacidad de las instituciones del estado para reglamentar y en última instancia manejar el uso legítimo de la fuerza. En algunas de nuestras ciudades, los sistemas del orden público son disfuncionales, y los ciudadanos consideran que los servicios policiacos son ilegítimos o peor aun les infunden temor por las repetidas historias de abusos. Las autoridades se enfrentan al dilema de impulsar soluciones de fuerza para restablecer el orden y correr el riesgo de hacer crecer los abusos o emprender políticas de seguridad enfocadas al servicio y la participación de los ciudadanos. El uso legítimo de la fuerza para hacer respetar el orden en las comunidades es una tarea esencial de las autoridades, pero la falta de eficiencia de las instituciones produce un clima de impunidad e indefensión a pesar de las muestras de fuerza y equipamiento y de lo espectacular que pueden ser las detenciones de capos de las mafias. La calve entonces no está en las armas, los equipos o la organización operativa, que es importante, sino en las consecuencias de las detenciones para que se traduzcan en aplicación eficiente de la justicia a los criminales. La sola acción policial es insuficiente para atacar un problema social que requiere del fortalecimiento de las instituciones. La corrupción que se ha vuelto endémica en las procuradurías de justicia y alcanza a los tribunales es un cáncer que está minando la calidad institucional. La seguridad pública en nuestras ciudades debe ser enfocada desde una perspectiva social, que implique atacar las causas de la violencia y signifique un régimen de más eficacia en la aplicación de la justicia. No es problema de reformas a las leyes sino de eficacia en su aplicación. No se trata de redacción sino de desempeño.

sábado, 8 de septiembre de 2012

La deuda Pública

En Times Square en Nueva York hay un anuncio luminoso que indica el crecimiento de la deuda pública de los Estados Unidos. Es un dato que debe importar a los ciudadanos, de allá y aquí es importante también saber cuanto debe México. El dato es muy relevante si consideramos que el gobierno debe ese dinero a sus ciudadanos y que cuando crece la deuda a una velocidad mayor que la producción económica como ha venido sucediendo en el mundo en los últimos años, el aumento de la deuda pública implica más interferencia estatal en la economía y supondrá el aumento de los impuestos en el futuro. Pero además, como la deuda debe ser refinanciada a intervalos regulares, los gobiernos se ven sometidos a una enorme presión política que muchas veces lleva a la pérdida del poder y precipita las crisis, como ha sucedido en Europa recientemente. De acuerdo a los datos publicados por The Economist, la deuda pública de México en 2011 fue de 371 mil millones de dólares y en 2012 ascenderá a 404 millones de dólares y se estima que llegará a 463 mil millones en 2013. Eso significa que en 2011, a cada mexicano correspondía 3,274 dólares de deuda, para 2012, serán 3,523 dólares y para 2013 se convertirán en 4,011. Mientras que el ingreso per cápita apenas crecerá 3.5% para llegar a cerca de los diez mil dólares por persona. Al crecer más la deuda que la producción se acumula una carga cada vez mas pesada para los próximos años. En países de Europa como España e Italia ese peso se ha vuelto insostenible y ha hecho estallar una crisis económica de enormes dimensiones que tiene al euro en un jaque. Llegado ese momento los países no pueden pagar sus obligaciones y sus ciudadanos deben asumir más impuestos y reducir su capacidad de gasto para contribuir al pago de la deuda pública. Una historia parecida vivió México en 1995 que dejó una enorme huella económica y social. Ahora no podemos darnos el lujo de seguir haciendo crecer la deuda, sin fortalecer la hacienda pública. Aunque se estima que la deuda mexicana ahora representa un 36% del PIB, y que en España será de 77% como en los Estados Unidos, las cosas pueden cambiar si las tasas de interés aumentan o la producción petrolera se reduce. México necesita mayores ingresos a las arcas públicas que reduzcan el riesgo de un crecimiento de su deuda, de ahí la importancia de la reforma fiscal y hacendaria que se discutirá en el Congreso, y de las reformas que se proponen para reducir la capacidad y libertad de endeudamiento de estados y municipios, como las nuevas normas de contabilidad gubernamental. La temporada del dinero fácil y barato para el sector público en el mundo ha llegado a su fin. Comienza a temporada de pagar, esa es la realidad de la crisis financiera global.