Operación Jalisco

La actividad reciente que se atribuye a grupos de la delincuencia organizada tiene características muy diferentes a la acción tradicional de los grupos del narcotráfico enfocados a la protección del comercio ilegal de mercancías. Al parecer estamos en presencia de un fenómeno más asociado a la insurgencia que a la operación inercial de un cartel del tipo de los que han operado desde hace décadas en el pacífico y el centro de nuestro País. La violencia reciente hace ver un desafío frontal a las autoridades por el control de espacios y territorios, lo que resulta inaceptable en términos de seguridad nacional. Por eso la reacción de las instituciones es tan contundente. Cuando un grupo decide abiertamente actuar para matar a un grupo de policías en la ciudad de Ocotlán se sienta un precedente que anticipa lo que sucedió en la carretera Puerto Vallarta-Mascota en donde fueron emboscados y asesinados 16 policías más. La acción al parecer contó con tácticas de insurgencia que indican un entrenamiento militar de los miembros de la organización que se atribuyó los hechos. Las acciones del 1 de mayo pasado fueron aun más claras: la lucha en el Sur de Jalisco que terminó con el derribo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, está mas cerca de un conflicto de insurgencia que de una cuestión meramente policial. La cuestión pasa de pretender cadenas de distribución de productos ilegales a pretender un control de territorios de forma explícita asumiendo funciones que le corresponden a la autoridad pública. La experiencia que en años reciente se vivió con el grupo denominados Los Zetas en la zona del Golfo de México, especialmente en Tamaulipas y Veracruz es un precedente significativo. Fue la primera vez que las autoridades se enfrentaban a un grupo entrenado para ejercer el control de facto en regiones enteras. En el caso de Michoacán la lucha de diversos grupos por el control de actividades ilegales y el surgimiento de una base de apoyo de la población a algunos de ellos es aun un desafío para la acción de las instituciones. Ahora que se pone de manifiesto que hay un grupo que al parecer está dando el paso para actuar como una organización insurgente, es vital que se activen procedimientos para evitar la implantación comunitaria de la acción de estos grupos, porque el respaldo masivo suele convertirse en una forma específica de protección de los grupos rebeldes a las autoridades. Por eso la acción del gobierno de la República es tan contundente. El enfrentamiento en donde han perdido la vida más de 40 personas es muestra de que la operación dirigida al control del territorio y el fortalecimiento de las autoridades civiles está en marcha de manera decidida. Es muy probable que el cortar los suministros económicos y de pertrechos sean de las acciones más eficientes para mermar la fuerza de estos grupos. Quizá ha llegado la hora de leer a Bruce Hoffman uno de los más acreditados especialistas en materia de insurgencia y acciones violentas quién ha estudiado los conflictos de diversas partes del mundo. Las acciones violentas que vivimos requieren de una visión amplia y del respaldo de los ciudadanos a las instituciones, para conseguir reducir las acciones criminales a términos policiales locales y terminar con estos desafíos a la vida pública.