Elecciones: con melón o con sandía
Las elecciones de hoy domingo tienen gran significado. Marcarán el futuro político del país. Por eso el gobierno decidió invertir su influencia hasta el límite, para respaldar la propuesta de alianzas electorales con el PRD. Si el resultado favorece a los candidatos respaldados por el PAN, se fortalecería el liderazgo de César Nava y el de Jesús Ortega. El Presidente recibiría un respaldo a su estrategia de lucha contra el crimen y tendrían viabilidad algunas de las reformas pendientes en el Congreso. Pero si el resultado favorece al PRI en la gran mayoría de los Estados, como indican los estudios de opinión, el Presidente Calderón se habrá debilitado.
El PRI asentirá al diálogo a partir del lunes. Irá con los triunfos que logre hoy. Escuchará las propuestas del gobierno en materia de seguridad, pero a lo que irá es confirmar que el pacto político legislativo planteado al inicio del sexenio, está roto, y a observar a los nuevos aliados: PAN, PRD. O a escuchar una nueva propuesta en la que pondría algunas condiciones.
La decisión política del gobierno es vital. Si se alía con la izquierda el primer paso es ir juntos a la elección del Estado de México. Preparar el camino para tener un candidato a Presidente para el 2012. Si regresa al pacto con el PRI, una de las condiciones sería reconocimiento de las victorias, y el evitar las alianzas en su contra en la tierra de su candidato visible. Esto por lo que ve a los temas político electorales, pero en los asuntos de Estado el tema es también importante. A partir del lunes estará a revisión de la estrategia de seguridad pública. Calderón está en una posición de debilidad porque necesita de los votos de la oposición en el Congreso para pasar las reformas pendientes. Requiere del compromiso de los gobernadores para que los Estados asuman mayor responsabilidad. Necesita además compartir el costo político del deterioro de la seguridad. Para ello el gobierno se plantea reducir las expectativas a lo posible, lo que puede significar una percepción de retirada. Por eso necesita de compañeros que avalen el cambio de estrategia. Los necesita a todos, y por eso la oposición tanto la izquierda como el PRI preparan la factura.
La decisión política marcará también el rumbo de la agenda legislativa y puede afectar la economía. Es mucho más viable que las reformas avancen con un pacto con el PRI, que adelantando la alianza con la izquierda. Este es un factor de presión para el Presidente.
Esta noche conoceremos los resultados preliminares, y con ellos comenzaremos a vislumbrar el rumbo. Para César Nava puede ser significar su fortalecimiento o incluso su salida de la dirigencia. Seguramente hay ya un diálogo negociador entre los actores, pero nadie adelanta sus posiciones. Un buen indicador será el tono: si se alienta una lucha postelectoral encarnizada, quiere decir que el pacto con la izquierda es mas probable. Si la actitud es institucional y moderada, el pacto con el PRI está vivo. Lo sabremos en la semana que inicia.
sábado, 3 de julio de 2010
sábado, 26 de junio de 2010
G20 vs la corrupción
En el mundo la tolerancia hacia las personas que hacen trampas financieras y fiscales se va reducir. Desde el inicio de la crisis financiera, el Gobierno de Estados Unidos ha presionado por una mejor regulación, gobierno y rendición de cuentas en el sector financiero. Una reforma en ese sentido fue aprobada ayer en Washington justo antes de que iniciara la reunión del G20 en Toronto. La propuesta es que no haya refugios seguros para la evasión fiscal, ni para el lavado de dinero.
En los países desarrollados estos principios son ampliamente respaldados por los ciudadanos. La simulación y la trampa son castigados moral y legalmente con mucho rigor. En los países emergentes como el nuestro hay otra dimensión de la frase “respeta las reglas.” Se asume de entrada un margen de permisividad, un espacio admitido de corrupción.
Las nuevas regulaciones globales, incluyendo la propuesta de gravar con impuestos las operaciones financieras, y este endurecimiento son temas torales en la reunión del G20 a la que asiste México. Las consecuencias se verán en los próximos años en el sistema bancario. Muestra de ello fue la restricción a los depósitos en efectivo en dólares puesta en marcha hace días por el Banco de México. Pero habrá mucho más. El Banco Mundial junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito ya trabajan en una iniciativa para la recuperación de activos robados que tiene el objetivo de perseguir las ganancias producto de la corrupción. Otras instituciones trabajan contra el lavado de dinero producto del narcotráfico.
Los paraísos fiscales, el saqueo de fondos, los sobornos y la corrupción están en el centro de la necesidad de impulsar apertura y transparencia en las transacciones financieras, y de garantizar la rendición de cuentas a nivel global. El verdadero combate al crimen está en estas cuestiones. La habilidad desarrollada en la búsqueda del financiamiento al terrorismo será usada contra el blanqueo.
La corrupción y el lavado de dinero son un cáncer que paraliza a las economías desarrolladas y en desarrollo por igual. Socavan el crecimiento económico. Son delitos que producen consecuencias sociales particularmente dañinas países como México.
Los líderes mundiales reunidos en el G-20 tratarán el tema de la crisis económica, los planes de estímulo, la regulación financiera y el desarrollo, pero también la lucha contra la corrupción que debe ser parte integral del programa multilateral.
Las instituciones financieras internacionales no deben hacer negocios con entidades o países que no cooperan. Este es un tema central, porque se considera que violenta la libertad económica. Pero la sociedad civil comienza a movilizarse para que se emprendan acciones y se rindan cuentas. La lucha contra la corrupción es crucial no sólo porque es lo correcto sino también porque no combatirla nos afecta a todos.
El combate a la corrupción y al lavado que se emprende en el mundo no es un asunto de cooperación, sino de interés. Vivimos en un mundo en el que los países en desarrollo son una fuente fundamental de crecimiento así como importadores de bienes de capital y servicios de los países desarrollados. Cuando la corrupción perjudica a socios que tienen ese peso también los daña a ellos. Nos toca asumir con rigor las reglas. Una muestra más de la crisis del Estado de Derecho. La verdadera crisis de México.
En los países desarrollados estos principios son ampliamente respaldados por los ciudadanos. La simulación y la trampa son castigados moral y legalmente con mucho rigor. En los países emergentes como el nuestro hay otra dimensión de la frase “respeta las reglas.” Se asume de entrada un margen de permisividad, un espacio admitido de corrupción.
Las nuevas regulaciones globales, incluyendo la propuesta de gravar con impuestos las operaciones financieras, y este endurecimiento son temas torales en la reunión del G20 a la que asiste México. Las consecuencias se verán en los próximos años en el sistema bancario. Muestra de ello fue la restricción a los depósitos en efectivo en dólares puesta en marcha hace días por el Banco de México. Pero habrá mucho más. El Banco Mundial junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito ya trabajan en una iniciativa para la recuperación de activos robados que tiene el objetivo de perseguir las ganancias producto de la corrupción. Otras instituciones trabajan contra el lavado de dinero producto del narcotráfico.
Los paraísos fiscales, el saqueo de fondos, los sobornos y la corrupción están en el centro de la necesidad de impulsar apertura y transparencia en las transacciones financieras, y de garantizar la rendición de cuentas a nivel global. El verdadero combate al crimen está en estas cuestiones. La habilidad desarrollada en la búsqueda del financiamiento al terrorismo será usada contra el blanqueo.
La corrupción y el lavado de dinero son un cáncer que paraliza a las economías desarrolladas y en desarrollo por igual. Socavan el crecimiento económico. Son delitos que producen consecuencias sociales particularmente dañinas países como México.
Los líderes mundiales reunidos en el G-20 tratarán el tema de la crisis económica, los planes de estímulo, la regulación financiera y el desarrollo, pero también la lucha contra la corrupción que debe ser parte integral del programa multilateral.
Las instituciones financieras internacionales no deben hacer negocios con entidades o países que no cooperan. Este es un tema central, porque se considera que violenta la libertad económica. Pero la sociedad civil comienza a movilizarse para que se emprendan acciones y se rindan cuentas. La lucha contra la corrupción es crucial no sólo porque es lo correcto sino también porque no combatirla nos afecta a todos.
El combate a la corrupción y al lavado que se emprende en el mundo no es un asunto de cooperación, sino de interés. Vivimos en un mundo en el que los países en desarrollo son una fuente fundamental de crecimiento así como importadores de bienes de capital y servicios de los países desarrollados. Cuando la corrupción perjudica a socios que tienen ese peso también los daña a ellos. Nos toca asumir con rigor las reglas. Una muestra más de la crisis del Estado de Derecho. La verdadera crisis de México.
lunes, 14 de junio de 2010
La guerra
Si hace algunos años hubiésemos leído en algún diario, que se presentaban dos matanzas con un grado de crueldad inusitada; que se vivía el día más violento en cuatro años con casi ochenta hombres asesinados; que nada se sabía del secuestro de un líder político del partido en el gobierno; que la xenofobia contra mexicanos en los Estados Unidos crecía luego de la muerte de un adolescente por las balas de la Patrulla fronteriza; y que en sólo unos días la delincuencia organizada había matado a un candidato, amenazado a cientos y lanzado una granada a una sede estatal del PAN. Que la justicia liberaba a acusados de crímenes incalificables y que los gobernadores aceptaban centralizar el mando de las policías municipales. Seguramente no hubiésemos dado crédito, o pensaríamos que se tratara de otra nación. Pero en el año 2010 esto es una realidad en el País y en las ciudades en donde vivimos. Estos son los hechos más desafiantes a los que se han enfrentado las autoridades desde el fin de la revolución mexicana. Estos hechos que ponen a prueba las instituciones están cambiando profunda y rápidamente nuestra forma de vivir. La calidad de vida de los mexicanos ha bajado por la inseguridad, el temor, la corrupción, la incertidumbre. La violencia induce a vivir lo inmediato, a concentrar el esfuerzo en plazos muy cortos. A ser reactivos. Ante eso debemos aceptar como primer paso que la situación en muy grave. Y actuar. Una de las acciones más importantes es como comunicar lo que la misma autoridad calificó como guerra. Hasta ahora la comunicación se ha hecho muy mal. Por desatinos, impericias, pero sobre todo por pretender inducir y quedar en evidencia. La credibilidad se ha deteriorado.
La mayor parte de los mexicanos ven esta realidad frente a una pantalla que parece reflejar algo ajeno. Es una realidad paralela que sucede en los medios de comunicación, pero que cada vez se acerca más. Muchos reaccionan negando la realidad mediante posiciones evasivas o incluso centrando la atención en otros temas. Pero al final llega la sensación de temor, la reflexión respecto al cuidado personal y de la familia.
Ante una situación como ésta, las autoridades deben aplicarse con toda responsabilidad explicando con claridad hacia dónde se dirigen las estrategias para que los ciudadanos las respaldemos.
Grave cosa el abuso de las herramientas de la comunicación para generar percepciones sin fundamento. Desengaño y frustración llegan tarde o temprano. Esto aplica igual al anuncio formal de la incautación de explosivos plásticos de gran peligro, que luego resultan ser parafina; que para la expectación interesada en torno al campeonato mundial de fútbol. Informar y orientar a la opinión pública no significa manipular y mentir.
Esperemos que en estas ideas estuviera pensando el Presidente Calderón al asistir al juego inaugural del Mundial en Sudáfrica. La expresión de su rostro decía mucho más que la desilusión de un empate del equipo mexicano que se aferra a la mediocridad. Seguramente había leído ya algunas tarjetas con los temas que citamos al inicio. Y quizá también pensó: ¿en que momento nos pasó todo esto?
Ahora todos nos preguntamos ¿cómo vamos a resolverlo?
La mayor parte de los mexicanos ven esta realidad frente a una pantalla que parece reflejar algo ajeno. Es una realidad paralela que sucede en los medios de comunicación, pero que cada vez se acerca más. Muchos reaccionan negando la realidad mediante posiciones evasivas o incluso centrando la atención en otros temas. Pero al final llega la sensación de temor, la reflexión respecto al cuidado personal y de la familia.
Ante una situación como ésta, las autoridades deben aplicarse con toda responsabilidad explicando con claridad hacia dónde se dirigen las estrategias para que los ciudadanos las respaldemos.
Grave cosa el abuso de las herramientas de la comunicación para generar percepciones sin fundamento. Desengaño y frustración llegan tarde o temprano. Esto aplica igual al anuncio formal de la incautación de explosivos plásticos de gran peligro, que luego resultan ser parafina; que para la expectación interesada en torno al campeonato mundial de fútbol. Informar y orientar a la opinión pública no significa manipular y mentir.
Esperemos que en estas ideas estuviera pensando el Presidente Calderón al asistir al juego inaugural del Mundial en Sudáfrica. La expresión de su rostro decía mucho más que la desilusión de un empate del equipo mexicano que se aferra a la mediocridad. Seguramente había leído ya algunas tarjetas con los temas que citamos al inicio. Y quizá también pensó: ¿en que momento nos pasó todo esto?
Ahora todos nos preguntamos ¿cómo vamos a resolverlo?
lunes, 7 de junio de 2010
Incendio Abc
Abc
Luis Salomón
El proyecto de resolución del Ministro Arturo Zaldívar es un hecho importante por su puntualidad y consecuencias. Es la primera vez que la facultad de indagación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación da como resultado un documento que señala responsables de precisa. La resolución dictamina que hubo violación a los derechos fundamentales de los menores, de sus padres y familias, consecuencia de la mala actuación de funcionarios de los gobiernos federal, estatal y del Ayuntamiento de Hermosillo. Este solo señalamiento debe ser suficiente para producir consecuencias. Estas, son políticas, administrativas y penales. En materia política se atribuye responsabilidad a dos funcionarios de primer orden del gobierno de Felipe Calderón: Juan Molinar Horcasitas, hoy Secretario de Comunicaciones y Transportes, por el desorden generalizado en el proceso de otorgamiento y control de guarderías y Daniel Karam, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el manejo de la atención médica, quienes por un principio de congruencia deben renunciar a sus cargos. En seguida está el hecho de señalar a la responsable de Guarderías del IMSS quién tiene una muy estrecha relación con la Primera dama del País. Lo que supone otro golpe al círculo cercano al ejecutivo. La responsabilidad política de Eduardo Bours y del señor Gándara, ExGobernador de Sonora y ExPresidente Municipal de Hermosillo, les debe separar de cualquier responsabilidad en la vida pública y someterles a juicio. Enseguida vienen las consecuencias administrativas que deben darse en el ámbito de los tres niveles de gobierno en los órganos de control interno: la Secretaría de la Función pública, por el solo señalamiento debiera abrir otra investigación contra los funcionarios del gobierno federal señalados. Lo mismo corresponde hacer a los órganos en Sonora y Hermosillo. Estos procesos deben conducir a la inhabilitación, multas y otras sanciones administrativas. Este proceso debe abrirse ahora mismo ya que el solo señalamiento es presunción suficiente, dado que se trata de una conclusión que propone un Ministro de máximo tribunal de México. En tercer lugar la Procuraduría General de la República y la correspondiente de Sonora debieran abrir una averiguación previa para determinar si hubo la comisión de algún delito, ya que las conclusiones propuestas establecen hechos muy graves, que al parecer no han sido suficientemente investigados. Sobre todo en lo que se refiere a la atención a los niños fallecidos y los que resultaron heridos. En caso afirmativo debe ejercerse acción penal contra quienes resulten responsables.
En los tres ámbitos se observa una deliberada acción dilatoria. Es claro que cuando un funcionario de primer orden es señalado como responsable de violar la Constitución del País, la consecuencia inmediata por cuestión de congruencia, honor y orden político es que dejen el cargo. No se trata de una acusación cualquiera, la hace un miembro del máximo órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la Carta Fundamental. Los hechos indican que otra vez, el gobierno está estudiando cómo sacar provecho en la percepción ciudadana, antes de actuar directamente. Por esa misma razón no se inician las averiguaciones ni en las Contralorías ni en las Procuradurías. Grave cosa pretender dilatar la acción para actuar y distraer. Se trata de respetar la jerarquía y respetabilidad de la Corte. El ministro, independientemente de la resolución final, merece un reconocimiento porque en ejercicio de sus funciones, responde a un reclamo elemental: respeto a la ley y a la dignidad de 49 menores fallecidos. Un caso de torpeza en su gestación y manejo posterior que violó la ley y debe tener graves consecuencias. La situación no está como para seguir desgastando a las instituciones con impunidad.
Luis Salomón
El proyecto de resolución del Ministro Arturo Zaldívar es un hecho importante por su puntualidad y consecuencias. Es la primera vez que la facultad de indagación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación da como resultado un documento que señala responsables de precisa. La resolución dictamina que hubo violación a los derechos fundamentales de los menores, de sus padres y familias, consecuencia de la mala actuación de funcionarios de los gobiernos federal, estatal y del Ayuntamiento de Hermosillo. Este solo señalamiento debe ser suficiente para producir consecuencias. Estas, son políticas, administrativas y penales. En materia política se atribuye responsabilidad a dos funcionarios de primer orden del gobierno de Felipe Calderón: Juan Molinar Horcasitas, hoy Secretario de Comunicaciones y Transportes, por el desorden generalizado en el proceso de otorgamiento y control de guarderías y Daniel Karam, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el manejo de la atención médica, quienes por un principio de congruencia deben renunciar a sus cargos. En seguida está el hecho de señalar a la responsable de Guarderías del IMSS quién tiene una muy estrecha relación con la Primera dama del País. Lo que supone otro golpe al círculo cercano al ejecutivo. La responsabilidad política de Eduardo Bours y del señor Gándara, ExGobernador de Sonora y ExPresidente Municipal de Hermosillo, les debe separar de cualquier responsabilidad en la vida pública y someterles a juicio. Enseguida vienen las consecuencias administrativas que deben darse en el ámbito de los tres niveles de gobierno en los órganos de control interno: la Secretaría de la Función pública, por el solo señalamiento debiera abrir otra investigación contra los funcionarios del gobierno federal señalados. Lo mismo corresponde hacer a los órganos en Sonora y Hermosillo. Estos procesos deben conducir a la inhabilitación, multas y otras sanciones administrativas. Este proceso debe abrirse ahora mismo ya que el solo señalamiento es presunción suficiente, dado que se trata de una conclusión que propone un Ministro de máximo tribunal de México. En tercer lugar la Procuraduría General de la República y la correspondiente de Sonora debieran abrir una averiguación previa para determinar si hubo la comisión de algún delito, ya que las conclusiones propuestas establecen hechos muy graves, que al parecer no han sido suficientemente investigados. Sobre todo en lo que se refiere a la atención a los niños fallecidos y los que resultaron heridos. En caso afirmativo debe ejercerse acción penal contra quienes resulten responsables.
En los tres ámbitos se observa una deliberada acción dilatoria. Es claro que cuando un funcionario de primer orden es señalado como responsable de violar la Constitución del País, la consecuencia inmediata por cuestión de congruencia, honor y orden político es que dejen el cargo. No se trata de una acusación cualquiera, la hace un miembro del máximo órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la Carta Fundamental. Los hechos indican que otra vez, el gobierno está estudiando cómo sacar provecho en la percepción ciudadana, antes de actuar directamente. Por esa misma razón no se inician las averiguaciones ni en las Contralorías ni en las Procuradurías. Grave cosa pretender dilatar la acción para actuar y distraer. Se trata de respetar la jerarquía y respetabilidad de la Corte. El ministro, independientemente de la resolución final, merece un reconocimiento porque en ejercicio de sus funciones, responde a un reclamo elemental: respeto a la ley y a la dignidad de 49 menores fallecidos. Un caso de torpeza en su gestación y manejo posterior que violó la ley y debe tener graves consecuencias. La situación no está como para seguir desgastando a las instituciones con impunidad.
sábado, 29 de mayo de 2010
abusos a migrantes
Los migrantes sin legal estancia no son criminales. Esto aplica por igual en Arizona, en México, o en cualquier parte; es un principio acordado por normas de derecho internacional. La violación a las normas migratorias es un asunto administrativo nunca penal. La atención a extranjeros es un tema de gran importancia para México, dada su vinculación en inversiones, turismo, remesas e intercambio cultural. En los últimos años la política migratoria de nuestro país se ha endurecido notablemente, producto tal vez de presiones externas, al grado que muchos extranjeros son tratados como criminales por el hecho de no ser ciudadanos o no poder acreditar su legal estancia. También nuestro País quiere asegurar sus fronteras en el Sur, y los procedimientos usados han resultado ser aun más abusivos e injustos que los que se aplican en Estados Unidos. No es lo mismo Maricopa Arizona que Tapachula Chiapas, pero en ambos se cometen abusos. el Sheriff Joe Arpaio seguramente se sentiría inspirado si viera los abusos y vejaciones que se cometen contra los migrantes extranjeros en los casi 50 puntos en donde se concentra a los extranjeros sujetos a procesos administrativos.
Las Estaciones Migratorias que tiene nuestro País, son instalaciones para “asegurar” a extranjeros que enfrentan un proceso administrativo relacionado con su situación migratoria. Nominalmente son establecimientos de tránsito, pero en la práctica son verdaderas cárceles en donde se presentan violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los extranjeros. Baste señalar que hay casos en donde personas permanecen por más de un año detenidos. Las normas han permitido que además de los centros formales se establezcan otros en establecimientos improvisados o aun en centros de detención de otro tipo.
Las normas que regulan estos centros, consideran plazos de detención inciertos para el grueso de los migrantes “asegurados”, e indefinidos para aquellos peticionarios de asilo o los que promueven recursos de amparo o cualquier trámite legal encaminado a regularizar su situación migratoria. Contrario a la Convención Sobre el Estatuto de los Refugiados, ratificado por el Estado Mexicano, las nuevas Normas para el Funcionamiento de las Estaciones Migratorias no excluyen a los refugiados y solicitantes de asilo de la posibilidad de su detención.
Tampoco consideran el caso de los trabajadores migratorios y sus familiares, quienes, de acuerdo con la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familias, ratificada por México, “no serán sometidos, individual ni colectivamente a detención o prisión arbitrarias”.
Respecto de la defensa, las normas establecen que las autoridades únicamente reconocerán a los abogados que el migrante haya acreditado “debidamente”, lo que abre la puerta a abusos. Se limita también el acceso a organizaciones de la sociedad civil y de servicio.
Las 48 estaciones migratorias se equiparan a los centros de reclusión, con el agravante de la segregación por nacionalidad. En los últimos meses hemos sido informados de casos de involucramiento de personal del Instituto Nacional de Migración en delitos de tráfico de personas. Una muestra evidente de lo que sucede con nuestra política para tratar a los inmigrantes.
México tiene la obligación de resolver este añejo problema si es que deseamos elevar la voz contra el trato abusivo a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Con la misma vara que medimos debemos medir el trato a los miles de centroamericanos y sudamericanos detenidos ilegalmente, extorsionados y vejados en nuestro territorio.
Las Estaciones Migratorias que tiene nuestro País, son instalaciones para “asegurar” a extranjeros que enfrentan un proceso administrativo relacionado con su situación migratoria. Nominalmente son establecimientos de tránsito, pero en la práctica son verdaderas cárceles en donde se presentan violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los extranjeros. Baste señalar que hay casos en donde personas permanecen por más de un año detenidos. Las normas han permitido que además de los centros formales se establezcan otros en establecimientos improvisados o aun en centros de detención de otro tipo.
Las normas que regulan estos centros, consideran plazos de detención inciertos para el grueso de los migrantes “asegurados”, e indefinidos para aquellos peticionarios de asilo o los que promueven recursos de amparo o cualquier trámite legal encaminado a regularizar su situación migratoria. Contrario a la Convención Sobre el Estatuto de los Refugiados, ratificado por el Estado Mexicano, las nuevas Normas para el Funcionamiento de las Estaciones Migratorias no excluyen a los refugiados y solicitantes de asilo de la posibilidad de su detención.
Tampoco consideran el caso de los trabajadores migratorios y sus familiares, quienes, de acuerdo con la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familias, ratificada por México, “no serán sometidos, individual ni colectivamente a detención o prisión arbitrarias”.
Respecto de la defensa, las normas establecen que las autoridades únicamente reconocerán a los abogados que el migrante haya acreditado “debidamente”, lo que abre la puerta a abusos. Se limita también el acceso a organizaciones de la sociedad civil y de servicio.
Las 48 estaciones migratorias se equiparan a los centros de reclusión, con el agravante de la segregación por nacionalidad. En los últimos meses hemos sido informados de casos de involucramiento de personal del Instituto Nacional de Migración en delitos de tráfico de personas. Una muestra evidente de lo que sucede con nuestra política para tratar a los inmigrantes.
México tiene la obligación de resolver este añejo problema si es que deseamos elevar la voz contra el trato abusivo a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Con la misma vara que medimos debemos medir el trato a los miles de centroamericanos y sudamericanos detenidos ilegalmente, extorsionados y vejados en nuestro territorio.
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