Derecho a saber
Luis Salomón
El 3 de mayo se celebra el día de la Libertad de Prensa. La conmemoración nació hace veinte años a iniciativa de un grupo de periodistas reunidos en Windhoek (Namibia), quienes elaboraron una declaración llamando a luchar por la protección de los principios fundamentales de la libertad de expresión, consagrada en el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El mundo democrático oyó este llamado a la libertad .
En estos veinte años el panorama social, político y mediático ha cambiado hasta volverse irreconocible. Las amenazas terroristas y sus consecuencias han significado retrocesos en la práctica del derecho a saber de las personas y de su correspondiente libertad de expresarse.
Nuestra época muestra una gran paradoja. Gracias a las tecnologías y los nuevos medios de comunicación, nuestras posibilidades de expresión han alcanzado niveles sin precedentes. Cada vez más personas pueden compartir información e intercambiar opiniones tanto dentro de los países como allende sus fronteras, es agua fresca para la creatividad, la salud de las sociedades y la participación de todos en nuevas formas de diálogo. Pero simultaneamente surgen nuevas amenazas, en medio del cambio vertiginoso que se alían con formas tradicionales de restricción imponiendo nuevos y enormes obstáculos a la libertad de expresión. Ahora cada día aparecen nuevas medidas para bloquear, filtrar y censurar la información. Esos obstáculos adoptan rasgos diferentes, pero a la postre ocultan siempre un mismo rostro: el de la violación de un derecho humano fundamental. Un ejemplo claro son las reformas en materia de seguridad nacional, lavado de dinero y otras disposiciones que terminarían limitando libertades esenciales. Es una peligrosa paradoja que grandes sectores de la población estén hoy dispuestos a sacrificar libertad por seguridad. Propiciando involuntariamente condiciones de ejercicio de poder autoritario que puede repercutir gravemente en nuestra forma de vida. Por eso, el debate respecto al derecho a saber debe ser más amplio y profundo. Y el ejercicio de la libertades más amplio en los hechos. Ahora que se fortalecen los empeños para lograr que Internet llegue a ser un recurso verdaderamente público y mundial, al que todos tengan acceso y en el que todos puedan hacer oír su voz. Queda de manifiesto la importancia de la calidad de los contenidos, y la urgencia de medidas para defender la integridad y seguridad de los periodistas digitales. Hay que trasladar al mundo de Internet todos los principios internacionales de la libertad de expresión. En el caso de México esta realidad es tan importante como delicada por la violencia ejercida.
Las violaciones de los derechos humanos fundamentales como el derecho a saber, no pueden quedar sin respuesta. Las autoridades no deben escatimar esfuerzos para combatir la impunidad y proteger la seguridad de los periodistas y de los usuarios de Internet. Nunca olvidaremos el coraje de los que pagaron con su vida nuestro derecho a saber. La mejor forma de celebrar este 3 de mayo es ejerciendo nuestro derecho a saber con curiosidad y nuestro derecho a expresarnos con responsabilidad. Elevar la voz para exigir que la lucha por la seguridad no ahogue el derecho a saber y difundir.
sábado, 30 de abril de 2011
sábado, 23 de abril de 2011
lo que veremos pronto
Suspensión de garantías
Luis Salomón
Desde hace muchos meses el Presidente de la República estudia la potencial suspensión de garantías ante la escalada de violencia. Desde 2009 se estudió la medida para el caso de Ciudad Juárez y para Tamaulipas. En ambos casos se decidió no hacer uso de la medida aduciendo el daño colateral que podría infringirse y el precedente que dejaría la administración. La propuesta fue incluso explorada en el Congreso. Las cosas han empeorado mucho desde entonces. Meses después cabe preguntarse si se hubiera tomado la medida ¿se habrían impedido los atroces crímenes de San Fernando y los de Ciudad Juárez? El hecho puro y duro es que el Gobierno Federal no consiguió poner orden ni en Tamaulipas ni en Chihuahua, aun con todas las medidas, visitas, anuncios y demás acciones que se tomaron. Miles de jóvenes han muerto en esas entidades, ahí fue asesinado un candidato a presidente municipal, un candidato a gobernador, 73 migrantes, y ahora sabemos que muchos autobuses desaparecieron con sus pasajeros en meses recientes. La situación se vuelve caótica para el principio de autoridad en aquella región de México. Para casos como este el artículo 29 de la Constitución establece que “En los casos … de perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los Titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo…” Es muy probable que estas palabras sean citadas cada vez con mayor frecuencia y que el Presidente decida tomar por fin la decisión. Es un tema de la agenda nacional de los próximos tiempos. Para quienes defendemos la libertad como principio esencial de la convivencia el solo hablar de estos temas resulta chocante. Pero por eso mismo es importante debatir respecto de las potenciales implicaciones de esta y otras medidas que de hecho han limitado nuestra forma de vida a raíz de la llamada guerra contra el narcotráfico.
Para el Presidente es un riego mayúsculo, porque se jugará el futuro político de su administración y de su partido en una decisión que depende de la calidad de la información y de la capacidad de operación con la que se actúe. Serían la fuerzas armadas las que tendrían en sus manos ese destino. Mucho se juega en una decisión así. Pero por otra parte miles y miles de mexicanos que viven en las zonas afectadas reclaman acciones efectivas, se sienten abandonados por el centro. Exigen con razón: Ya basta. La autoridad debe decidir en breve si toma este riesgo o prefiere mantenerse así por 19 meses más.
Luis Salomón
Desde hace muchos meses el Presidente de la República estudia la potencial suspensión de garantías ante la escalada de violencia. Desde 2009 se estudió la medida para el caso de Ciudad Juárez y para Tamaulipas. En ambos casos se decidió no hacer uso de la medida aduciendo el daño colateral que podría infringirse y el precedente que dejaría la administración. La propuesta fue incluso explorada en el Congreso. Las cosas han empeorado mucho desde entonces. Meses después cabe preguntarse si se hubiera tomado la medida ¿se habrían impedido los atroces crímenes de San Fernando y los de Ciudad Juárez? El hecho puro y duro es que el Gobierno Federal no consiguió poner orden ni en Tamaulipas ni en Chihuahua, aun con todas las medidas, visitas, anuncios y demás acciones que se tomaron. Miles de jóvenes han muerto en esas entidades, ahí fue asesinado un candidato a presidente municipal, un candidato a gobernador, 73 migrantes, y ahora sabemos que muchos autobuses desaparecieron con sus pasajeros en meses recientes. La situación se vuelve caótica para el principio de autoridad en aquella región de México. Para casos como este el artículo 29 de la Constitución establece que “En los casos … de perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los Titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo…” Es muy probable que estas palabras sean citadas cada vez con mayor frecuencia y que el Presidente decida tomar por fin la decisión. Es un tema de la agenda nacional de los próximos tiempos. Para quienes defendemos la libertad como principio esencial de la convivencia el solo hablar de estos temas resulta chocante. Pero por eso mismo es importante debatir respecto de las potenciales implicaciones de esta y otras medidas que de hecho han limitado nuestra forma de vida a raíz de la llamada guerra contra el narcotráfico.
Para el Presidente es un riego mayúsculo, porque se jugará el futuro político de su administración y de su partido en una decisión que depende de la calidad de la información y de la capacidad de operación con la que se actúe. Serían la fuerzas armadas las que tendrían en sus manos ese destino. Mucho se juega en una decisión así. Pero por otra parte miles y miles de mexicanos que viven en las zonas afectadas reclaman acciones efectivas, se sienten abandonados por el centro. Exigen con razón: Ya basta. La autoridad debe decidir en breve si toma este riesgo o prefiere mantenerse así por 19 meses más.
sábado, 9 de abril de 2011
incertidumbre
La incertidumbre
Luis Salomon
Para países, instituciones y personas actuar en un clima de incertidumbre es desafío cotidiano. Pero esta incertidumbre funcional está enmarcada por reglas estrictas que impiden el caos. Esta certeza, es el cimiento de la estabilidad. Producirla es una de las funciones esenciales de la autoridad en el estado liberal que vivimos. El éxito hoy depende en gran medida de esa fuerza institucional que crea condiciones para lidiar con la incertidumbre. A esta fuerza se le conoce comúnmente como la vigencia del estado de derecho, que supone: La certeza del cumplimiento de las normas que implican límites en la actuación del gobierno y un sistema de rendición de cuentas. La existencia de un conjunto de leyes claras, accesibles, publicas que protegen los derechos fundamentales de las personas. Que el proceso por el cual las leyes son promulgadas, administradas y aplicadas sea accesible, justo y eficiente; Y que el acceso a la justicia está confomado por un conjunto de profesionales de la justicia, dotados de independencia, con desempeños éticos.
México vive ahora una crisis de incertidumbre institucional porque estas condiciones no operan con eficiencia. El principal problema de México es la falta de estas condiciones. Y en eso los ciudadanos tenemos mucho que hacer, porque hemos aceptado, tolerado y hasta propiciado la baja calidad del desempeño público. La medianía en el nivel de quienes toman estas decisiones es una muestra que cada vez nos irrita más.
Pretendo provocar con estas palabras una reflexión crítica, que ponga en evidencia cuan equivocadas están las autoridades en turno al haber creado una guerra contra uno de los muchos síntomas que produce el padecimiento de fondo. Al haber decidido usar las armas y la violencia contra una parte de la expresión del crimen que se beneficia de la impunidad que produce la falta de un estado derecho sólido. México está enfermo y el mal está en la falta del vigencia del estado derecho y los síntomas son múltiples: contrabando, trafico de armas, personas, drogas, secuestros, mordidas, falta de planeación urbana, corrupción, impunidad, monopolios de facto, privilegios ilegales, robos a casas y comercios, asaltos, una cultura de privilegiar la trampa entre la juventud, desigualdad social agravada por abusos, migración desordenada, abusos de autoridad y muchos otros. La autoridad decidió enfocarse a uno solo: el crimen organizado porque este tiene control de territorios y autoridades. Es el síntoma más grave: hay zonas en donde la ley son ellos. Pero insisto es una manifestación del problema. Por eso la guerra debe ser contra la impunidad, contra TODOS los que comenten el crimen de corromper las normas. Claro que eso supondría una verdadera purga al interior de la estructura de gobierno que es exactamente lo que no sucede. La guerra contra la impunidad puesta en positivo es una lucha por el estado de derecho y pasa por una verdadera transformación política. Ante la realidad palmaria, ahora ha llegado la hora de que los ciudadanos actuemos con más compromiso que la simple emisión del sufragio. Es tiempo de construir ciudadanos exigentes de la nueva certidumbre institucional.
Luis Salomon
Para países, instituciones y personas actuar en un clima de incertidumbre es desafío cotidiano. Pero esta incertidumbre funcional está enmarcada por reglas estrictas que impiden el caos. Esta certeza, es el cimiento de la estabilidad. Producirla es una de las funciones esenciales de la autoridad en el estado liberal que vivimos. El éxito hoy depende en gran medida de esa fuerza institucional que crea condiciones para lidiar con la incertidumbre. A esta fuerza se le conoce comúnmente como la vigencia del estado de derecho, que supone: La certeza del cumplimiento de las normas que implican límites en la actuación del gobierno y un sistema de rendición de cuentas. La existencia de un conjunto de leyes claras, accesibles, publicas que protegen los derechos fundamentales de las personas. Que el proceso por el cual las leyes son promulgadas, administradas y aplicadas sea accesible, justo y eficiente; Y que el acceso a la justicia está confomado por un conjunto de profesionales de la justicia, dotados de independencia, con desempeños éticos.
México vive ahora una crisis de incertidumbre institucional porque estas condiciones no operan con eficiencia. El principal problema de México es la falta de estas condiciones. Y en eso los ciudadanos tenemos mucho que hacer, porque hemos aceptado, tolerado y hasta propiciado la baja calidad del desempeño público. La medianía en el nivel de quienes toman estas decisiones es una muestra que cada vez nos irrita más.
Pretendo provocar con estas palabras una reflexión crítica, que ponga en evidencia cuan equivocadas están las autoridades en turno al haber creado una guerra contra uno de los muchos síntomas que produce el padecimiento de fondo. Al haber decidido usar las armas y la violencia contra una parte de la expresión del crimen que se beneficia de la impunidad que produce la falta de un estado derecho sólido. México está enfermo y el mal está en la falta del vigencia del estado derecho y los síntomas son múltiples: contrabando, trafico de armas, personas, drogas, secuestros, mordidas, falta de planeación urbana, corrupción, impunidad, monopolios de facto, privilegios ilegales, robos a casas y comercios, asaltos, una cultura de privilegiar la trampa entre la juventud, desigualdad social agravada por abusos, migración desordenada, abusos de autoridad y muchos otros. La autoridad decidió enfocarse a uno solo: el crimen organizado porque este tiene control de territorios y autoridades. Es el síntoma más grave: hay zonas en donde la ley son ellos. Pero insisto es una manifestación del problema. Por eso la guerra debe ser contra la impunidad, contra TODOS los que comenten el crimen de corromper las normas. Claro que eso supondría una verdadera purga al interior de la estructura de gobierno que es exactamente lo que no sucede. La guerra contra la impunidad puesta en positivo es una lucha por el estado de derecho y pasa por una verdadera transformación política. Ante la realidad palmaria, ahora ha llegado la hora de que los ciudadanos actuemos con más compromiso que la simple emisión del sufragio. Es tiempo de construir ciudadanos exigentes de la nueva certidumbre institucional.
sábado, 2 de abril de 2011
Terrorismo en México
México en riesgo
Luis Salomón
Los diagnósticos sobre la inseguridad en México afloran en Estados Unidos dejando al descubierto la gravedad de la situación. Como muestra está el testimonio del legislador republicano por Texas, Michael Macul quién expresó la semana pasada: "A mi juicio, México está perdiendo la guerra, y nosotros también", como presidente del subcomité de supervisión e investigaciones del Comité de Seguridad Nacional su opinión es reconocida y siguió "México corre peligro de convertirse en un Estado fallido controlado por criminales. Si esto sucede, México podría convertirse en un refugio para terroristas que sabemos están intentando ingresar a Estados Unidos a través de nuestra porosa frontera", y siguió "La violencia en México ya no se limita al narcotráfico y afecta servicios básicos". Para el legislador los grupos del crimen "Si bien no se rigen por la ideología religiosa, los cárteles de la droga mexicanos operan en la misma manera que Al-Qaeda, los talibanes o Hezbolá, cada uno compartiendo el deseo, y usando tácticas similares, de ganar influencia política y económica". El representante republicano de Texas, presentó una iniciativa de ley para catalogar como "grupos terroristas extranjeros" a seis cárteles de la droga de México, clasificación por la que se podría enjuiciar por terrorismo a narcos mexicanos y a traficantes de armas estadounidenses. La legislación propuesta por McCaul, un ex fiscal federal y ex subprocurador general de Texas, está dirigida a las organizaciones criminales de los Arellano Félix, Los Zetas, los Beltrán Leyva, la Familia Michoacana y los cárteles del Golfo y de Sinaloa. El clasificar como terroristas a las organizaciones también las coloca en posición de ser combatidas con los métodos de inteligencia e intervención mucho más directa establecidos por las leyes norteamericanas, y abre la puerta para acciones militares contra lo que se considere una amenaza a la seguridad interna de los Estados Unidos. La aprobación de iniciativas como esta son de importancia capital para México y por eso deben ser seguidas con atención por la opinión pública y por los agentes políticos. Más aun si atendemos a las previsiones de la DEA expuestas en Washington hace algunos días por el jefe de operaciones de la DEA, Thomas Harrigan quién expuso que "Debemos también administrar las expectativas, en tanto, nosotros anticipamos que la horripilante violencia en México podría continuar empeorando antes que mejore", aseguró quien funge como el número dos de la agencia estadounidense. Lanzando elogios a los esfuerzos anticorrupción del Presidente Calderón, Harrigan aseguró, sin embargo, que la presencia de corrupción junto a la creciente violencia provocan una combinación que debilita la confianza pública en las autoridades. "La confluencia de violencia brutal y la corrupción hace difícil aplicar las leyes de drogas y socava la confianza del público en el Gobierno", aseguró.
En ese contexto aparece la indicación de la ONU para retirar al ejército de las calles y los cambios en la PGR. La autoridad debe hablar claro respecto a lo que está sucediendo en la seguridad interna de México.
Luis Salomón
Los diagnósticos sobre la inseguridad en México afloran en Estados Unidos dejando al descubierto la gravedad de la situación. Como muestra está el testimonio del legislador republicano por Texas, Michael Macul quién expresó la semana pasada: "A mi juicio, México está perdiendo la guerra, y nosotros también", como presidente del subcomité de supervisión e investigaciones del Comité de Seguridad Nacional su opinión es reconocida y siguió "México corre peligro de convertirse en un Estado fallido controlado por criminales. Si esto sucede, México podría convertirse en un refugio para terroristas que sabemos están intentando ingresar a Estados Unidos a través de nuestra porosa frontera", y siguió "La violencia en México ya no se limita al narcotráfico y afecta servicios básicos". Para el legislador los grupos del crimen "Si bien no se rigen por la ideología religiosa, los cárteles de la droga mexicanos operan en la misma manera que Al-Qaeda, los talibanes o Hezbolá, cada uno compartiendo el deseo, y usando tácticas similares, de ganar influencia política y económica". El representante republicano de Texas, presentó una iniciativa de ley para catalogar como "grupos terroristas extranjeros" a seis cárteles de la droga de México, clasificación por la que se podría enjuiciar por terrorismo a narcos mexicanos y a traficantes de armas estadounidenses. La legislación propuesta por McCaul, un ex fiscal federal y ex subprocurador general de Texas, está dirigida a las organizaciones criminales de los Arellano Félix, Los Zetas, los Beltrán Leyva, la Familia Michoacana y los cárteles del Golfo y de Sinaloa. El clasificar como terroristas a las organizaciones también las coloca en posición de ser combatidas con los métodos de inteligencia e intervención mucho más directa establecidos por las leyes norteamericanas, y abre la puerta para acciones militares contra lo que se considere una amenaza a la seguridad interna de los Estados Unidos. La aprobación de iniciativas como esta son de importancia capital para México y por eso deben ser seguidas con atención por la opinión pública y por los agentes políticos. Más aun si atendemos a las previsiones de la DEA expuestas en Washington hace algunos días por el jefe de operaciones de la DEA, Thomas Harrigan quién expuso que "Debemos también administrar las expectativas, en tanto, nosotros anticipamos que la horripilante violencia en México podría continuar empeorando antes que mejore", aseguró quien funge como el número dos de la agencia estadounidense. Lanzando elogios a los esfuerzos anticorrupción del Presidente Calderón, Harrigan aseguró, sin embargo, que la presencia de corrupción junto a la creciente violencia provocan una combinación que debilita la confianza pública en las autoridades. "La confluencia de violencia brutal y la corrupción hace difícil aplicar las leyes de drogas y socava la confianza del público en el Gobierno", aseguró.
En ese contexto aparece la indicación de la ONU para retirar al ejército de las calles y los cambios en la PGR. La autoridad debe hablar claro respecto a lo que está sucediendo en la seguridad interna de México.
Crisis de México
La crisis de México
La situación de México es vista con una doble perspectiva: por una parte un país con enorme futuro y por la otra inmerso en una crisis.
Esta crisis es vista exclusivamente como un asunto de seguridad interna, o un asunto de coyuntura económica. Pero la crisis mexicana es un problema estructura de imperio de la ley, insuficiencia económica y desigualdad social. Estos asuntos tienen enormes consecuencias económicas, políticas y sociales.
En primer lugar hay que decir que mientras la prioridad de nuestros esfuerzos no se encaminen hacia la construcción un estado de derecho, la impunidad producirá corrupción y esta inseguridad que lleva a la violencia. Para resolver el asunto no basta la intención de usar la fuerza, por que está no es suficiente para restaurar la confianza en la ley. Es necesario replantear el modelo de crecimiento económico para acelerar la producción de riqueza en beneficio de los menos favorecidos. México será fuerte en la medida que más personas salgan de la pobreza mediante la obtención de un empleo digno. Por eso el enfoque de los subsidios es una medida necesariamente temporal. La desigualdad social es el verdadero motor de la impunidad, la corrupción y la inseguridad. Así como con corrupción no hay seguridad, con desigualdad no hay crecimiento económico sostenido. Nuestra crisis es estructural, tenemos un problema en el modelo por el cual queremos crecer. Es necesario introducir mecanismos de redistribución de las oportunidades para las personas jóvenes. La construcción de clases emergentes, usuarias del crédito para elevar su calidad de vida pasa por empleos dignos y gobiernos respetables que impongan la equidad como norma.
Las consecuencias políticas de esta crisis son enormes: los partidos políticos desacreditados pierden la ocasión de proponer cambios de fondo, por lo que se abre el camino para que el cambio venga de las organizaciones sociales. Ellas tendrán el papel preponderante si la clase política no reacciona dejando de lado sus miopes intereses electorales.
El tiempo para resolver el desafío es corto. Las expectativas de los mas pobres de México siguen creciendo y los mecanismos compensatorios muestran su ineficacia. Las disputas electorales en puerta acelerarán la inconformidad, los abusos en la manipulación quedarán en evidencia y los mecanismos de desahogo social deben expresarse.
La gran pregunta ante esta crisis es: ¿las autoridades y los agentes de decisión en México están asumiendo su responsabilidad? O será que cada uno está jugando a dar palos de ciego.
La situación de México es vista con una doble perspectiva: por una parte un país con enorme futuro y por la otra inmerso en una crisis.
Esta crisis es vista exclusivamente como un asunto de seguridad interna, o un asunto de coyuntura económica. Pero la crisis mexicana es un problema estructura de imperio de la ley, insuficiencia económica y desigualdad social. Estos asuntos tienen enormes consecuencias económicas, políticas y sociales.
En primer lugar hay que decir que mientras la prioridad de nuestros esfuerzos no se encaminen hacia la construcción un estado de derecho, la impunidad producirá corrupción y esta inseguridad que lleva a la violencia. Para resolver el asunto no basta la intención de usar la fuerza, por que está no es suficiente para restaurar la confianza en la ley. Es necesario replantear el modelo de crecimiento económico para acelerar la producción de riqueza en beneficio de los menos favorecidos. México será fuerte en la medida que más personas salgan de la pobreza mediante la obtención de un empleo digno. Por eso el enfoque de los subsidios es una medida necesariamente temporal. La desigualdad social es el verdadero motor de la impunidad, la corrupción y la inseguridad. Así como con corrupción no hay seguridad, con desigualdad no hay crecimiento económico sostenido. Nuestra crisis es estructural, tenemos un problema en el modelo por el cual queremos crecer. Es necesario introducir mecanismos de redistribución de las oportunidades para las personas jóvenes. La construcción de clases emergentes, usuarias del crédito para elevar su calidad de vida pasa por empleos dignos y gobiernos respetables que impongan la equidad como norma.
Las consecuencias políticas de esta crisis son enormes: los partidos políticos desacreditados pierden la ocasión de proponer cambios de fondo, por lo que se abre el camino para que el cambio venga de las organizaciones sociales. Ellas tendrán el papel preponderante si la clase política no reacciona dejando de lado sus miopes intereses electorales.
El tiempo para resolver el desafío es corto. Las expectativas de los mas pobres de México siguen creciendo y los mecanismos compensatorios muestran su ineficacia. Las disputas electorales en puerta acelerarán la inconformidad, los abusos en la manipulación quedarán en evidencia y los mecanismos de desahogo social deben expresarse.
La gran pregunta ante esta crisis es: ¿las autoridades y los agentes de decisión en México están asumiendo su responsabilidad? O será que cada uno está jugando a dar palos de ciego.
México en riesgo
México en riesgo
Luis Salomón
Los diagnósticos sobre la inseguridad en México afloran en Estados Unidos dejando al descubierto la gravedad de la situación. Como muestra está el testimonio del legislador republicano por Texas, Michael Macul quién expresó la semana pasada: "A mi juicio, México está perdiendo la guerra, y nosotros también", como presidente del subcomité de supervisión e investigaciones del Comité de Seguridad Nacional su opinión es reconocida y siguió "México corre peligro de convertirse en un Estado fallido controlado por criminales. Si esto sucede, México podría convertirse en un refugio para terroristas que sabemos están intentando ingresar a Estados Unidos a través de nuestra porosa frontera", y siguió "La violencia en México ya no se limita al narcotráfico y afecta servicios básicos". Para el legislador los grupos del crimen "Si bien no se rigen por la ideología religiosa, los cárteles de la droga mexicanos operan en la misma manera que Al-Qaeda, los talibanes o Hezbolá, cada uno compartiendo el deseo, y usando tácticas similares, de ganar influencia política y económica". El representante republicano de Texas, presentó una iniciativa de ley para catalogar como "grupos terroristas extranjeros" a seis cárteles de la droga de México, clasificación por la que se podría enjuiciar por terrorismo a narcos mexicanos y a traficantes de armas estadounidenses. La legislación propuesta por McCaul, un ex fiscal federal y ex subprocurador general de Texas, está dirigida a las organizaciones criminales de los Arellano Félix, Los Zetas, los Beltrán Leyva, la Familia Michoacana y los cárteles del Golfo y de Sinaloa. El clasificar como terroristas a las organizaciones también las coloca en posición de ser combatidas con los métodos de inteligencia e intervención mucho más directa establecidos por las leyes norteamericanas, y abre la puerta para acciones militares contra lo que se considere una amenaza a la seguridad interna de los Estados Unidos. La aprobación de iniciativas como esta son de importancia capital para México y por eso deben ser seguidas con atención por la opinión pública y por los agentes políticos. Más aun si atendemos a las previsiones de la DEA expuestas en Washington hace algunos días por el jefe de operaciones de la DEA, Thomas Harrigan quién expuso que "Debemos también administrar las expectativas, en tanto, nosotros anticipamos que la horripilante violencia en México podría continuar empeorando antes que mejore", aseguró quien funge como el número dos de la agencia estadounidense. Lanzando elogios a los esfuerzos anticorrupción del Presidente Calderón, Harrigan aseguró, sin embargo, que la presencia de corrupción junto a la creciente violencia provocan una combinación que debilita la confianza pública en las autoridades. "La confluencia de violencia brutal y la corrupción hace difícil aplicar las leyes de drogas y socava la confianza del público en el Gobierno", aseguró.
En ese contexto aparece la indicación de la ONU para retirar al ejército de las calles y los cambios en la PGR. La autoridad debe hablar claro respecto a lo que está sucediendo en la seguridad interna de México.
Luis Salomón
Los diagnósticos sobre la inseguridad en México afloran en Estados Unidos dejando al descubierto la gravedad de la situación. Como muestra está el testimonio del legislador republicano por Texas, Michael Macul quién expresó la semana pasada: "A mi juicio, México está perdiendo la guerra, y nosotros también", como presidente del subcomité de supervisión e investigaciones del Comité de Seguridad Nacional su opinión es reconocida y siguió "México corre peligro de convertirse en un Estado fallido controlado por criminales. Si esto sucede, México podría convertirse en un refugio para terroristas que sabemos están intentando ingresar a Estados Unidos a través de nuestra porosa frontera", y siguió "La violencia en México ya no se limita al narcotráfico y afecta servicios básicos". Para el legislador los grupos del crimen "Si bien no se rigen por la ideología religiosa, los cárteles de la droga mexicanos operan en la misma manera que Al-Qaeda, los talibanes o Hezbolá, cada uno compartiendo el deseo, y usando tácticas similares, de ganar influencia política y económica". El representante republicano de Texas, presentó una iniciativa de ley para catalogar como "grupos terroristas extranjeros" a seis cárteles de la droga de México, clasificación por la que se podría enjuiciar por terrorismo a narcos mexicanos y a traficantes de armas estadounidenses. La legislación propuesta por McCaul, un ex fiscal federal y ex subprocurador general de Texas, está dirigida a las organizaciones criminales de los Arellano Félix, Los Zetas, los Beltrán Leyva, la Familia Michoacana y los cárteles del Golfo y de Sinaloa. El clasificar como terroristas a las organizaciones también las coloca en posición de ser combatidas con los métodos de inteligencia e intervención mucho más directa establecidos por las leyes norteamericanas, y abre la puerta para acciones militares contra lo que se considere una amenaza a la seguridad interna de los Estados Unidos. La aprobación de iniciativas como esta son de importancia capital para México y por eso deben ser seguidas con atención por la opinión pública y por los agentes políticos. Más aun si atendemos a las previsiones de la DEA expuestas en Washington hace algunos días por el jefe de operaciones de la DEA, Thomas Harrigan quién expuso que "Debemos también administrar las expectativas, en tanto, nosotros anticipamos que la horripilante violencia en México podría continuar empeorando antes que mejore", aseguró quien funge como el número dos de la agencia estadounidense. Lanzando elogios a los esfuerzos anticorrupción del Presidente Calderón, Harrigan aseguró, sin embargo, que la presencia de corrupción junto a la creciente violencia provocan una combinación que debilita la confianza pública en las autoridades. "La confluencia de violencia brutal y la corrupción hace difícil aplicar las leyes de drogas y socava la confianza del público en el Gobierno", aseguró.
En ese contexto aparece la indicación de la ONU para retirar al ejército de las calles y los cambios en la PGR. La autoridad debe hablar claro respecto a lo que está sucediendo en la seguridad interna de México.
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