Riesgo en las policías

De acuerdo con la ley, para el día ultimo del año todos los mandos y personal operativo de los cuerpos de seguridad del país deben haber aprobado los exámenes de confianza. En Jalisco el proceso de evaluación está en marcha y los resultados de la evaluación, poco a poco, fluyen a las autoridades. La proporción de quienes no aprueban la evaluación varía mucho dependiendo del municipio, pero en general podemos decir, conforme a cálculos conservadores basados en los resultados disponibles, que uno de cada cinco no aprobará. Estos policías no aptos deben ser separados de su cargo en cumplimiento de la ley. En Jalisco entonces tendríamos más de mil quinientos elementos despedidos que se enfrentarían a la fría realidad de estar sin empleo. Si consideramos que muchos de ellos han sido debidamente entrenados en el uso de las armas, y que cuentan con la preparación que les permite conocer, claves, códigos y formas de operación de las corporaciones, entonces podemos afirmar que estos cuerpos de seguridad serían más vulnerables. Pero aun más grave es que una buena parte de estos elementos pudieran convertirse en activos colaboradores de los grupos de la delincuencia organizada, que encontrarían en poco tiempo elementos preparados disponibles. Pero independientemente del riesgo que significa esta posibilidad, está el problema social que significa dejar sin empleo a personas que han dejado una buena parte de su vida en el servicio público sin aparentes derechos de ser indemnizados. La situación puede ser más injusta si las causas por las que no aprobarían el examen de confianza esté relacionada con su edad, peso, condición física o fallas circunstanciales que no impliquen que sean deshonestos o que colaboren con la delincuencia. Ante esa realidad es necesario reformar las normas para que quienes sean separados sean exclusivamente quienes no acrediten su probidad por su comportamiento y no se proceda con quienes tengan faltas derivadas de su condición personal o edad. Pero además será necesario ampliar el plazo para la acreditación porque va a ser muy difícil que las propias autoridades que aplican los exámenes tengan capacidad para dictaminar a todos elementos antes de concluido el plazo. Acometer este tema será tarea de los nuevos legisladores federales, quienes deben ocuparse del asunto a la brevedad. Si no lo hacen seguramente veremos una ola de amparos y correremos el riesgo de ver crecer la migración de ex policías hacia los grupos de delincuentes en todo el país y ser testigos de muchas potenciales injusticias.