Inadmisible que cualquier persona dispare a la cabeza de un joven estudiante desarmado. Repugnante que lo hagan las autoridades y más aun si lo hacen policías. Indignante que pretendan inculpar a otros, constituyendo pruebas falsas, para evadir la responsabilidad. Intolerable que el asunto se convierta en un pleito político entre el gobierno de Guerrero y el Gobierno Federal. Agraviante resulta que se pretenda incriminarlos. Reveladora la lección moral y política de la madre de Gabriel Echeverría de Jesús, uno de los estudiantes asesinados que dijo: “yo lo mandé a mi hijo ahí, a una escuela de pobres, porque somos pobres, y sólo por eso me lo matan”…“Él me decía que... Quería ser maestro para mantenernos a mí y a su papá que estamos enfermos. ¡Me duele tanto recordar sus palabras!”, María Amadea Aguilar Tolentino es campesina de 57 años, madre dolorosa que exige con razón justicia y que ahora es también víctima de la irracional violencia y la creciente impunidad.
Lo que sucedió en Guerrero es una tragedia que no debe repetirse. La crispación social que se está produciendo a raíz de hechos como este, junto a la violencia criminal y la cercanía de las elecciones constituyen una mezcla explosiva.
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