Las Reformas que vienen

Los cambios que se preparan a la legislación en materia fiscal y de energía serán los más trascendentes en las últimas décadas. Quizá desde la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, la discusión política en México no ha tenido temas de tanto calado. Se espera que las reformas en materia de energía abran la posibilidad para que empresas privadas puedan participar en la explotación del gas shale, un asociado a los hidrocarburos, que se plantea como una fuente enorme de energía para las próximas décadas. Empresas mexicanas y extranjeras se han declarado listas para invertir a partir de un nuevo marco legal. La explotación en el corto plazo de los yacimientos de hidrocarburos situados en el Golfo de México, y concretamente en el Hoyo de Dona, que compartimos con nuestros vecinos, ha de ser un objetivo estratégico de la apertura a la inversión privada. El aumento de las reservas de energía y su adecuada explotación abre la puerta para disponer de energía más barata, lo que ha de mejorar la competitividad de nuestra planta productiva. Pero la consecuencia inmediata en términos institucionales es la posibilidad de que las nuevas normas permitan que Pemex capte recursos en los mercados de capital y se convierta en una empresa que multiplique sus actividades con finanzas más sanas. Ello debe permitir que nuestra empresa petrolera sea un jugador global en el ámbito de la energía y que las finanzas públicas del País dejen de depender en gran medida del ingreso por la venta de Petróleo. Por eso, resulta necesaria también una reforma a nuestro sistema fiscal, para fortalecer los ingresos de la hacienda pública federal y la de los estados y municipios. Siempre resulta difícil para los actores políticos plantear un incremento a los ingresos fiscales porque significa un aumento de impuestos, pero en el caso nuestro la reforma puede provocar estos ingresos de ajustes que permitan incorporar a la formalidad económica muchas de las transacciones que ahora se hacen sin pagar impuestos y si se generaliza el IVA y se unifica la tasa en todo el país, eliminando las zonas que tienen una tasa preferencial que ahora es de 11%. Las reformas que vienen se pueden resumir en dos grandes conceptos de gobierno: apertura económica e incorporación a la formalidad. Los Estados y municipios tendrán grandes impactos por estos cambios, dado que estarán obligados a obtener más y mejores ingresos propios y por ende a sumarse a los esfuerzos por incorporar a la economía formal a grandes sectores que ahora están excluidos. Para Jalisco, estos cambios por venir le significan el reto de fortalecer su presencia en la escena nacional mediante la elaboración de grandes proyectos que atraigan inversiones. El reto es participar en el nuevo juego económico y político producto de las reformas que vienen.