Inclusión social deber político del gobierno

México será una potencia en la medida que logre incluir en un mínimo de bienestar a la mayor parte de su población en un periodo corto de tiempo. Esta inclusión solo se logra cuando las personas tienen un trabajo que los haga parte del sistema de consumo, crédito y compensaciones sociales. Luego es necesario que los sistemas de empleo, seguridad social, financiero, educativo y de salud tengan plataformas más abiertas que permitan que la inclusión se acelere. En las últimas décadas estos sistemas han crecido pero a un ritmo insuficiente para crear una ola de inclusión social. Ahora el nuevo gobierno tiene la oportunidad de acelerar el proceso mediante la acción decidida del Estado mediante políticas públicas que generen soluciones colectivas con la participación de la empresa privada. Incluir más que subsidiar es la clave. El contraste entre el nivel de inclusión social que puede apreciarse entre diversas ciudades hace más evidente el camino. En comunidades como Saltillo, Querétaro, Aguascalientes y otras más el nivel de inclusión es robusto de forma que la mayor parte de la población participa del sistema educativo, tiene cuentas bancarias la mayor parte de la población activa, aun la actividad económica informal tiene mecanismos de control y participación en mecanismos de contribución tributaria, y el acceso a sistemas de salud y beneficios sociales tiene un carácter sistemático. Mientras que en poblaciones de menor crecimiento económico la exclusión social es mucho mayor. Si bien es cierto que el crecimiento económico que genere empleos de calidad es una pieza clave para lograr la inclusión, también lo es el desafío de crear mecanismos que incorporen a quienes trabajan en la informalidad a los sistemas sociales y económicos regulares. Aunque hay esfuerzos en ese sentido en instituciones bancarias, en institutos de vivienda, se han intentado establecer mecanismos de tributación y el seguro popular ha avanzado, el resultado es muy pobre. El gobierno tiene la enorme oportunidad de transformar los sistemas para incorporar a una gran masa de población a los mecanismos institucionales. Ahí está la clave para que la sociedad se fortalezca y permita que el crecimiento económico se derrame entre la mayoría y no se reconcentre. Las reformas en materia tributaria y de salud deben estar orientadas a la inclusión. El sentido social de las reformas en puerta será la llave que abra la puerta a la esperanza para millones de familias en todo el país. El gobierno como un activista social que busque que todos estén dentro de un sistema económico basado en la competencia, con visión global que permita compensar institucionalmente la desigualdad es un deber político y moral de las autoridades. Es también su mayor oportunidad.