Lecciones del caso Cassez

Florance Cassez fue liberada por la graves violaciones al derecho del debido proceso al que todo acusado le corresponde de acuerdo a la Constitución. La decisión tomada sienta un precedente muy importante para beneficiar a todos aquellos reos que son procesados mediante argucias ilegales. Ha puesto en evidencia a la PGR y la Policía Federal al dar desvanecer las pruebas que se presentaron para acusar a la francesa. La incapacidad de las instituciones federales para presentar evidencias legales suficientes es grave. Como lo es también la obsesión de mantener una acusación basada en irregularidades a lo largo de los muchos meses en los que el proceso se desarrolló. Sin duda la resolución de la Corte es un reconocimiento a esas irregularidades y su sola emisión representa un duro golpe a la gestión de gobierno anterior. Es corregir la plana a la administración de Felipe Calderón y abrir la puerta para exigir responsabilidades a quienes cometieron las fallas en la integración y presentación de las acusaciones. Por eso la sentencia tiene repercusiones políticas que han desatado la controversia. Pero si dejamos de lado el aspecto político, las presiones diplomáticas y nuestro nacionalismo, podremos darnos cuenta de que el caso de Florance Cassez nos deja una lección muy precisa: es una muestra, como muchas otras, de la ineficiencia del trabajo de la PGR ante los tribunales y la fragilidad de las resoluciones que se basan solo en testimonios y pruebas débiles. La Corte ha obrado correctamente al defender el derecho de tener un proceso que se desarrolle con estricto respeto a los derechos consagrados en la constitución. Será siempre preferible juzgar negativamente la actuación del Ministerio Público, que tiene la función de fiscal que abrir la puerta a que se construyan acusaciones a la medida de los deseos de las autoridades políticas. La sentencia de la Corte puede parecer injusta a muchos, pero es una resolución que privilegia la legalidad sobre la voluntad. Sin pruebas legalmente obtenidas con respeto a los acusados no es posible construir condenas porque se abre la puerta a la arbitrariedad. Ahora la PGR debe revisar sus principios de actuación y plantearse seriamente la necesidad de cambiar muchos de sus sistemas, usos y procesos para transformarse en una institución mucho más enfocada a la defensa de los intereses de los ciudadanos mediante la aplicación de las normas penales. Ese es el reto de la nueva administración, porque los errores de los funcionarios han de traer responsabilidad del Estado Mexicano frente a las personas. La defensa de la libertad y la dignidad frente a la actuación de las autoridades, supone aceptar que decisiones como la que tomo el máximo tribunal del País son una contribución al respeto de la ley. Aunque parezca un contrasentido la libertad de Florance Cassez puede ser un factor de fortaleza del las instituciones si se aplican estos mismos criterios a todos y se responde por las consecuencias que las violaciones procesales producen a las personas.