El límite a la libertad

El principal problema actual de México es hacer que se obedezcan las reglas, o dicho de otra forma, evitar que se haga trampa. Ante eso no parece haber una solución o receta que solucione el problema que parece convertirse en crónico. Todos los hombres, no solo los mexicanos queremos vernos libres de restricciones y al mismo tiempo reconocemos la necesidad de un orden. Esta una de las paradojas de nuestro tiempo, que se agudiza en la medida que las instituciones influyen en la vida personal. El Estado tiene la función de hacer cumplir un orden: el establecido en la Constitución. Que se convierte en la expresión máxima del bien público y una suerte de síntesis de la legalidad. Hacer cumplir la Constitución y las leyes es esencial para las instituciones públicas, pero la negativa de las autoridades de castigar, y castigar de manera efectiva, a aquellos que incumplen la ley, augura, la erosión del orden que observamos. En la sociedad actual esto sucede incluso cuando el gobierno responde de manera ideal a las demandas de los ciudadanos que se manifiestan en las calles para expresar inconformidades, y lo hacen precisamente violando la ley. Las manifestaciones de profesores en la Ciudad de México son una muestra de este dilema que está desgastando a las instituciones y que fomenta involuntariamente la percepción de impunidad que vivimos, lamentablemente, en el País. El privilegio de los acuerdos políticos que redundan en violaciones flagrantes a la ley es un camino muy peligroso. Cuando se acepta que las voluntades personales de líderes y representantes políticos pueden ponerse por encima de la Constitución, se abren los caminos del autoritarismo y se cierne en una verdadera amenaza a la libertad de las personas. Dañar a personas inocentes con el pretexto de expresar inconformidad y con ello manipular la agenda de los medios de comunicación para conseguir potenciar el impacto de un hecho es un acto de impunidad. La supuesta lucha de los profesores pide que se incumpla la Constitución y que se de marcha atrás a la evaluación continua que, por supuesto, deben tener tanto profesores como directivos. Las cosas han llegado a un punto en el que las autoridades deben elegir en este dilema: respetar las normas que protestaron cumplir o privilegiar acuerdos políticos que las vulneran. Sentar el precedente de optar por la negociación por encima de la ley lleva, tarde o temprano al camino de la erosión del poder público y abre las puertas del crecimiento de la impunidad. Los profesores que han dejado sin clases a sus alumnos no tienen derecho a dañar a los demás y mucho menos a cobrar su sueldo cuando no asisten a sus labores. Ha llegado la hora de que las autoridades actúen con determinación e instauren los procedimientos que permitan dejar de cubrir los salarios de los incumplidos. El límite a la libertad de la persona es el inicio del derecho de la otra persona que convive en sociedad y el estado debe asegurarse de que este límite se cumpla.