Pena de muerte en Ohio

En días pasados surgió más información respecto al horrible secuestro, cautiverio y posterior liberación de tres chicas en Cleveland, Ohio. Las víctimas de este abominable suceso fueron tratadas, según versiones de la policía, como prisioneras de un campo de concentración. Además de la natural atención pública del asunto, las averiguaciones tomaron un giro interesante desde el punto de vista legal cuando los fiscales afirmaron que procurarían hacer cargos de asesinato contra el secuestrador, al que podrían acusar de forzar, al menos, a una de las mujeres a abortar. Timothy J. McGinty, el fiscal del condado de Cuyahoga, dijo que los abortos involuntarios, fueron referidos por una de las mujeres a la policía, y podrían ser motivo de pedir la pena de muerte para Ariel Castro, un ex conductor de autobús, al que las autoridades judiciales acusaron por violación y secuestro en contra de Amanda Berry, Gina DeJesus, y Michelle Knight, como por el secuestro de la pequeña hija de la Sra. Berry quién dio a luz en cautiverio, que ahora tiene 6 años de edad. Ahora los fiscales parecen tener evidencia de que esta menor es hija del propio secuestrador. Al surgir también la acusación por el aborto provocado a la señora Berry, abre la puerta para que pida la pena de muerte dado que de acuerdo con la ley de Ohio esta cabe por "homicidio agravado en el transcurso de un secuestro". Ahora el fiscal del caso tiene en sus manos esta posible acusación que resolvería un gran jurado. Otro aspecto interesante desde el punto de vista jurídico fue la actuación del fiscal McGinty, quién, obrando con respeto a la dignidad y derechos de las víctimas pidió a los medios de comunicación y a sus reporteros no procurar las entrevistas con las mujeres. Y también el alcalde de la ciudad Frank G. Jackson ordenó a los funcionarios policiales detener la divulgación de información sobre el caso "fuera de la cadena de mando establecida", en aparente alusión a las fugas alrededor de cautiverio de la mujer. Acciones que pueden ser un ejemplo interesante para nuestro medio en donde en ocasiones se pisotean los derechos de las víctimas al procurar un ejercicio periodístico puntual. Pero más allá de estos aspectos, ahora el caso puede convertirse en un dilema moral, jurídico y político si se decide pedir la pena de muerte para el sospechoso de haber cometido tan horrible crimen en contra de tres jóvenes y una niña inocentes. La clave estará en si se considera que el aborto inducido es un asesinato. Esto lleva consigo un precedente vital en la tradicional disputa entre quienes defienden la posición contra la liberación de la inicriminación del aborto durante las primeras semanas del embrazo y quienes pugnan por el derecho de las mujeres a tomar su decisión. Hoy por hoy el caso ha despertado el repudio de la opinión pública no solo de los Estados Unidos, sino que ha suscitado un interés que ahora se centrará en las cuestiones jurídicas y éticas del caso.