adiós a la PGR

Adiós a la PGR
Luis Salomón
México vive una crisis el servicio público de justicia. Los ciudadanos estamos indignados e indefensos ante la ineficiencia de las instituciones relacionadas: desde las policías, las procuradurías, los juzgados y las cárceles. Las reformas planteadas parecen tardías e insuficientes. El caso de la PGR es quizá el más referido recientemente por los escándalos que conocimos por medio de la prensa. Es una institución que debe reinventarse para que sea capaz de hacer renacer la confianza. Y esta refundación no es cuestión de forma sino de fondo: los fiscales son representantes de la sociedad que acusan a los responsables de haber cometido delitos. Son nuestra voz, la de todos los ciudadanos en los procesos criminales. De hecho, deben defender interés de la sociedad por encima de cualquier otro. Si los funcionarios encargados de tan alta y delicada labor dependen del Presidente de la República resulta claro que puede usar esta relación de jerarquía para atestar golpes políticos. Eso es lo que sucedió con el caso de La Quina, el de las osamentas Chapa Bezanilla, la investigación de la muerte de Colosio, el desafuero de López Obrador, las acusaciones a los funcionarios de Michoacán, y muchos otros asuntos vergonzosos, que ahora recordamos por el caso de Hank Rohn. La acusación penal debe salir del ámbito del ejecutivo para que cuente con autonomía funcional que evite el uso de esta fuerza para fines antidemocráticos. Hacerlo depender del Poder Judicial como sucede en Colombia y España o dotarlo de autonomía como en Chile y Perú, es la solución de fondo. La PGR es una mala imitación del Departamento de Justicia Norteamericano que ha caído en torceduras que la hacen ineficiente. Las condiciones de México exigen, que, además de una autonomía, la fiscalía naciente sea dotada de estructuras profesionales de alta calidad y de mecanismos de confianza probada. El estado de derecho que queremos los mexicanos supone que las autoridades no usen la fuerza para establecer controles políticos o inducir efectos electorales, con el pretexto de mantener la seguridad interna. Dicho de otra forma: la seguridad interna no puede estar sujeta a cuestiones político electorales.
Para sacar provecho positivo del caso Hank las autoridades deben plantear una profunda reforma que termine con la PGR como la conocemos y funden una institución sólida, independiente y profesional, que suponga un salto cualitativo en el servicio público de justicia mexicano. Hay algunas iniciativas y propuestas en este sentido en las Cámaras. Ese es un tema vital que debe estar en el debate nacional, más allá de las cuestiones cosméticas que tanto seducen a los legisladores.
Necesitamos una Fiscalía Mexicana en la que se alisten los mejores profesionales que sea respetada y hasta temida por las propias autoridades y los funcionarios. Su solidez permitiría investigar a fondo los casos de corrupción y las desviaciones dejando de lado las luchas partidistas. Es un paso para tener una política de estado en la justicia, más allá de los vaivenes políticos.