La insatisfacción con la justicia

La difusión de casos de actos injustos que no son resueltos por las autoridades pone en evidencia que como parte de la evolución de nuestras instituciones, ahora mismo vivimos una profunda crisis en el servicio público de justicia. La percepción de crisis no es nueva, ya desde el siglo XIX se planteaban alternativas para resolver el rezago y la falta de supervisión en el poder judicial. En el siglo XX quizá la prioridad fue la conformación de estructuras judiciales que operaran regularmente en los estados y la consolidación de un crecimiento en calidad en el poder judicial federal. La normalización democrática que vivimos a partir de las reformas de fines de los años ochenta a la fecha, ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con un servicio público de justicia más eficiente en su respuesta a las necesidades de los mexicanos. En una cuantas décadas se han creado una multiplicidad de tribunales y órganos especializados en cuestiones estratégicas como la propiedad intelectual, competencia económica, telecomunicaciones, justicia administrativa a nivel local, sistemas alternativos de justicia, sin de mar de mencionar el crecimiento de los casos de arbitraje para resolver controversias. Al mismo tiempo la cantidad de asuntos que se presentan ante los tribunales ordinarios en materias cilvi, penal, control constitucional y otros más han crecido de forma muy importante. La demanda social por la justicia es enorme y la respuesta ha estado históricamente rezagada. Ante eso el estado mexicano ha dispuesto un crecimiento de las estructuras encargadas de este servicio público, pero que no han sido por mucho suficientes. Una enorme cantidad de leyes y reformas de enorme importancia se han aprobado y otras están en discusión. Vivimos una transformación del sistema de justicia penal, desarrollamos el sistema de justicia administrativa que brinda a los ciudadanos mecanismos de defensa contra las autoridades, se aprobó una nueva ley de Amparo que amplia el ámbito de defensa de los derechos fundamentales, se plantea una reforma necesaria al sistema de justicia laboral y se trabaja en terminar de una vez por todas con los conflictos agrarios. Sin embargo, aunque la transformación es profunda los resultados perceptibles por los ciudadanos son pobres. La sensación de impunidad es enorme, la inseguridad crece y el respeto a las autoridades encargadas de la justicia se desgasta peligrosamente. Una mejora en la calidad de la justicia es un proceso largo y farragoso porque implica cambiar no solo los procesos sino la actitud y la inercia, supone capacitar a miles y miles de personas y supone una lucha sin cuartel contra la corrupción y la denegación de justicia. Sin embargo es el único camino para consolidar el estado de derecho. La prioridad para el estado mexicano está precisamente ahí. Es una cuestión de estado, colocada mucho más allá de cuestiones políticas. Es una tarea a la que debemos sumarnos todos con una visión y compromiso con México. Los cambios en los sistemas judiciales se producen en décadas y la fuerza y respeto de las decisiones judiciales se consolidan mediante la práctica reiterada. La justicia está en crisis, hay que reconocerlo, pero el primer paso para resolver el desafío es levantar la mirada y aportar lo que nos corresponda, en lugar de desgastar cada vez más a las instituciones. Ellas son al fin de cuentas la mejor garantía para la justicia. A más fuerza institucional de las autoridades judiciales menor impunidad. Nuestro sistema judicial ahora tiene muchas más puertas abiertas en la defensa de los derechos de los habitantes y debemos defender estos avances en los tribunales locales y sobre todo federales. México se va desarrollar solo si consolida el servicio público que se percibe con mayor rezago: la justicia.