Insurgencia y contra insurgencia

Las organizaciones sociales que se han involucrado en actividades de insurgencia y desestabilización en Chapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán han dado pasos hacia adelante mediante tácticas de células activas en diversas poblaciones rurales y en núcleos urbanos. La acción de estos grupos ha creado una percepción de debilidad de las autoridades ante evidentes delitos que van creando una estela de impunidad. Aunque la parte más visible son los movimientos del magisterio más radical, en realidad, junto a ellos están una mezcla variopinta de organizaciones que han declarado la guerra a las autoridades y que en muchos casos operan bajo la mirada de grupos del crimen organizado. La agitación social ha provocado que se pongan en operación acciones constrainsurgentes por parte de las autoridades que hasta ahora se mantienen con resultados discretos. Las labores de inteligencia y las acciones legales son la clave para desarticular lo que parece un esfuerzo para llamar a la agitación y la insurgencia. El gobierno federal está frente a uno de los desafíos más importantes de la administración, porque la conexión de estos grupos alzados con intereses político electorales es cada vez más evidente y amenazan con contaminar los procesos electorales que se preparan para el año 2018. La posición del sector privado como de la mayoría de los ciudadanos de los estados afectados se mueve hacia la impaciencia ante la falta de efectividad en restaurar la paz y el orden. Las imágenes desafiantes de bloqueos de carreteras, vías férreas, marchas, plantones, secuestro de vehículos e incendios son simbólicas. Penetran en la conciencia de los ciudadanos aumentando el enorme desgaste que sufre la autoridad. Lo que esté sucediendo en las negociaciones que los profesores sostienen con las autoridades no se difunde a cabalidad y crecen las especulaciones. Urgen acciones contundentes que restauren la confianza en las instituciones, porque el crecimiento de la percepción de que es posible negociarlo todo a partir de la violencia es un hecho tan peligroso como negativo. La contrainsurgencia dentro de la legalidad es indispensable. Corresponde a las autoridades imponerse. En muchas poblaciones de las regiones afectadas de hecho, hay ya una enorme pérdida real de libertad, porque el miedo a las autoridades de facto crece, mientras que muchos de estos grupos se convierten en poder real que controla territorios y manipula procesos administrativos. Si la semana próxima, con el inicio del ciclo escolar, no se contiene adecuadamente la agitación en las escuelas que impida que los niños vayan a clases en esas entidades, la situación pude tomar un pulso de mayor tensión. La acción política con el dialogo está en marcha y debe mostrar resultados inmediatos, y simultáneamente debe avanzar la inteligencia para contener y llevar a la dimensión precisa la acción de estos grupos. Sería lamentable que las autoridades echaran para atrás las reformas constitucionales o las leyes aprobadas como producto de acciones insurgentes. Esperemos que las soluciones políticas se impongan y que no haya necesidad de emplear la fuerza del Estado. Pero el tiempo se está agotando en este que parece ser el primer capítulo de una lucha ideológica y política que persigue derribar al gobierno. Nada menos.