La violencia en nuestras ciudades

México vive una época violenta. La más agitada desde la revolución de 1910. Sus repercusiones en el desarrollo humano son muy considerables: tienen costos directos medidos en pérdidas de vidas humanas y lesiones físicas,
 y costos indirectos expresados en traumas psicológicos, desplazamientos de poblaciones, y daños a la economía. Las ciudades de México hoy en día son centros de violencia multifacética. La violencia criminal y organizada, asociada muchas veces al tráfico de drogas se ha entrelazado con la política. En algunas zonas las pandillas y las milicias han pasado a sustituir a la autoridad pública, ofreciendo protección a las comunidades. La violencia social, incluida la violencia en la esfera doméstica, es un problema muy grave, especialmente para los mujeres y jóvenes vulnerables. Vivimos un dilema urbano en el que los pobres tienen luchan por vivir mejor en las ciudades y al mismo tiempo se exponen a ser parte activa de la violencia. La población más pobre de las ciudades es la que más sufre todas las expresiones de violencia, que día a día menoscaba las relaciones entre las autoridades públicas y los ciudadanos, y ha dado lugar a políticas de mantenimiento del orden centradas en la represión en vez de la participación constructiva. Y a partir de ahí se inicia un círculo vicioso porque la incapacidad de las instituciones del estado para reglamentar y en última instancia manejar el uso legítimo de la fuerza. En algunas de nuestras ciudades, los sistemas del orden público son disfuncionales, y los ciudadanos consideran que los servicios policiacos son ilegítimos o peor aun les infunden temor por las repetidas historias de abusos. Las autoridades se enfrentan al dilema de impulsar soluciones de fuerza para restablecer el orden y correr el riesgo de hacer crecer los abusos o emprender políticas de seguridad enfocadas al servicio y la participación de los ciudadanos. El uso legítimo de la fuerza para hacer respetar el orden en las comunidades es una tarea esencial de las autoridades, pero la falta de eficiencia de las instituciones produce un clima de impunidad e indefensión a pesar de las muestras de fuerza y equipamiento y de lo espectacular que pueden ser las detenciones de capos de las mafias. La calve entonces no está en las armas, los equipos o la organización operativa, que es importante, sino en las consecuencias de las detenciones para que se traduzcan en aplicación eficiente de la justicia a los criminales. La sola acción policial es insuficiente para atacar un problema social que requiere del fortalecimiento de las instituciones. La corrupción que se ha vuelto endémica en las procuradurías de justicia y alcanza a los tribunales es un cáncer que está minando la calidad institucional. La seguridad pública en nuestras ciudades debe ser enfocada desde una perspectiva social, que implique atacar las causas de la violencia y signifique un régimen de más eficacia en la aplicación de la justicia. No es problema de reformas a las leyes sino de eficacia en su aplicación. No se trata de redacción sino de desempeño.