G20 vs la corrupción

En el mundo la tolerancia hacia las personas que hacen trampas financieras y fiscales se va reducir. Desde el inicio de la crisis financiera, el Gobierno de Estados Unidos ha presionado por una mejor regulación, gobierno y rendición de cuentas en el sector financiero. Una reforma en ese sentido fue aprobada ayer en Washington justo antes de que iniciara la reunión del G20 en Toronto. La propuesta es que no haya refugios seguros para la evasión fiscal, ni para el lavado de dinero.
En los países desarrollados estos principios son ampliamente respaldados por los ciudadanos. La simulación y la trampa son castigados moral y legalmente con mucho rigor. En los países emergentes como el nuestro hay otra dimensión de la frase “respeta las reglas.” Se asume de entrada un margen de permisividad, un espacio admitido de corrupción.
Las nuevas regulaciones globales, incluyendo la propuesta de gravar con impuestos las operaciones financieras, y este endurecimiento son temas torales en la reunión del G20 a la que asiste México. Las consecuencias se verán en los próximos años en el sistema bancario. Muestra de ello fue la restricción a los depósitos en efectivo en dólares puesta en marcha hace días por el Banco de México. Pero habrá mucho más. El Banco Mundial junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito ya trabajan en una iniciativa para la recuperación de activos robados que tiene el objetivo de perseguir las ganancias producto de la corrupción. Otras instituciones trabajan contra el lavado de dinero producto del narcotráfico.
Los paraísos fiscales, el saqueo de fondos, los sobornos y la corrupción están en el centro de la necesidad de impulsar apertura y transparencia en las transacciones financieras, y de garantizar la rendición de cuentas a nivel global. El verdadero combate al crimen está en estas cuestiones. La habilidad desarrollada en la búsqueda del financiamiento al terrorismo será usada contra el blanqueo.
La corrupción y el lavado de dinero son un cáncer que paraliza a las economías desarrolladas y en desarrollo por igual. Socavan el crecimiento económico. Son delitos que producen consecuencias sociales particularmente dañinas países como México.
Los líderes mundiales reunidos en el G-20 tratarán el tema de la crisis económica, los planes de estímulo, la regulación financiera y el desarrollo, pero también la lucha contra la corrupción que debe ser parte integral del programa multilateral.
Las instituciones financieras internacionales no deben hacer negocios con entidades o países que no cooperan. Este es un tema central, porque se considera que violenta la libertad económica. Pero la sociedad civil comienza a movilizarse para que se emprendan acciones y se rindan cuentas. La lucha contra la corrupción es crucial no sólo porque es lo correcto sino también porque no combatirla nos afecta a todos.
El combate a la corrupción y al lavado que se emprende en el mundo no es un asunto de cooperación, sino de interés. Vivimos en un mundo en el que los países en desarrollo son una fuente fundamental de crecimiento así como importadores de bienes de capital y servicios de los países desarrollados. Cuando la corrupción perjudica a socios que tienen ese peso también los daña a ellos. Nos toca asumir con rigor las reglas. Una muestra más de la crisis del Estado de Derecho. La verdadera crisis de México.

La guerra

Si hace algunos años hubiésemos leído en algún diario, que se presentaban dos matanzas con un grado de crueldad inusitada; que se vivía el día más violento en cuatro años con casi ochenta hombres asesinados; que nada se sabía del secuestro de un líder político del partido en el gobierno; que la xenofobia contra mexicanos en los Estados Unidos crecía luego de la muerte de un adolescente por las balas de la Patrulla fronteriza; y que en sólo unos días la delincuencia organizada había matado a un candidato, amenazado a cientos y lanzado una granada a una sede estatal del PAN. Que la justicia liberaba a acusados de crímenes incalificables y que los gobernadores aceptaban centralizar el mando de las policías municipales. Seguramente no hubiésemos dado crédito, o pensaríamos que se tratara de otra nación. Pero en el año 2010 esto es una realidad en el País y en las ciudades en donde vivimos. Estos son los hechos más desafiantes a los que se han enfrentado las autoridades desde el fin de la revolución mexicana. Estos hechos que ponen a prueba las instituciones están cambiando profunda y rápidamente nuestra forma de vivir. La calidad de vida de los mexicanos ha bajado por la inseguridad, el temor, la corrupción, la incertidumbre. La violencia induce a vivir lo inmediato, a concentrar el esfuerzo en plazos muy cortos. A ser reactivos. Ante eso debemos aceptar como primer paso que la situación en muy grave. Y actuar. Una de las acciones más importantes es como comunicar lo que la misma autoridad calificó como guerra. Hasta ahora la comunicación se ha hecho muy mal. Por desatinos, impericias, pero sobre todo por pretender inducir y quedar en evidencia. La credibilidad se ha deteriorado.

La mayor parte de los mexicanos ven esta realidad frente a una pantalla que parece reflejar algo ajeno. Es una realidad paralela que sucede en los medios de comunicación, pero que cada vez se acerca más. Muchos reaccionan negando la realidad mediante posiciones evasivas o incluso centrando la atención en otros temas. Pero al final llega la sensación de temor, la reflexión respecto al cuidado personal y de la familia.

Ante una situación como ésta, las autoridades deben aplicarse con toda responsabilidad explicando con claridad hacia dónde se dirigen las estrategias para que los ciudadanos las respaldemos.

Grave cosa el abuso de las herramientas de la comunicación para generar percepciones sin fundamento. Desengaño y frustración llegan tarde o temprano. Esto aplica igual al anuncio formal de la incautación de explosivos plásticos de gran peligro, que luego resultan ser parafina; que para la expectación interesada en torno al campeonato mundial de fútbol. Informar y orientar a la opinión pública no significa manipular y mentir.

Esperemos que en estas ideas estuviera pensando el Presidente Calderón al asistir al juego inaugural del Mundial en Sudáfrica. La expresión de su rostro decía mucho más que la desilusión de un empate del equipo mexicano que se aferra a la mediocridad. Seguramente había leído ya algunas tarjetas con los temas que citamos al inicio. Y quizá también pensó: ¿en que momento nos pasó todo esto?

Ahora todos nos preguntamos ¿cómo vamos a resolverlo?

Incendio Abc

Abc
Luis Salomón
El proyecto de resolución del Ministro Arturo Zaldívar es un hecho importante por su puntualidad y consecuencias. Es la primera vez que la facultad de indagación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación da como resultado un documento que señala responsables de precisa. La resolución dictamina que hubo violación a los derechos fundamentales de los menores, de sus padres y familias, consecuencia de la mala actuación de funcionarios de los gobiernos federal, estatal y del Ayuntamiento de Hermosillo. Este solo señalamiento debe ser suficiente para producir consecuencias. Estas, son políticas, administrativas y penales. En materia política se atribuye responsabilidad a dos funcionarios de primer orden del gobierno de Felipe Calderón: Juan Molinar Horcasitas, hoy Secretario de Comunicaciones y Transportes, por el desorden generalizado en el proceso de otorgamiento y control de guarderías y Daniel Karam, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el manejo de la atención médica, quienes por un principio de congruencia deben renunciar a sus cargos. En seguida está el hecho de señalar a la responsable de Guarderías del IMSS quién tiene una muy estrecha relación con la Primera dama del País. Lo que supone otro golpe al círculo cercano al ejecutivo. La responsabilidad política de Eduardo Bours y del señor Gándara, ExGobernador de Sonora y ExPresidente Municipal de Hermosillo, les debe separar de cualquier responsabilidad en la vida pública y someterles a juicio. Enseguida vienen las consecuencias administrativas que deben darse en el ámbito de los tres niveles de gobierno en los órganos de control interno: la Secretaría de la Función pública, por el solo señalamiento debiera abrir otra investigación contra los funcionarios del gobierno federal señalados. Lo mismo corresponde hacer a los órganos en Sonora y Hermosillo. Estos procesos deben conducir a la inhabilitación, multas y otras sanciones administrativas. Este proceso debe abrirse ahora mismo ya que el solo señalamiento es presunción suficiente, dado que se trata de una conclusión que propone un Ministro de máximo tribunal de México. En tercer lugar la Procuraduría General de la República y la correspondiente de Sonora debieran abrir una averiguación previa para determinar si hubo la comisión de algún delito, ya que las conclusiones propuestas establecen hechos muy graves, que al parecer no han sido suficientemente investigados. Sobre todo en lo que se refiere a la atención a los niños fallecidos y los que resultaron heridos. En caso afirmativo debe ejercerse acción penal contra quienes resulten responsables.
En los tres ámbitos se observa una deliberada acción dilatoria. Es claro que cuando un funcionario de primer orden es señalado como responsable de violar la Constitución del País, la consecuencia inmediata por cuestión de congruencia, honor y orden político es que dejen el cargo. No se trata de una acusación cualquiera, la hace un miembro del máximo órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la Carta Fundamental. Los hechos indican que otra vez, el gobierno está estudiando cómo sacar provecho en la percepción ciudadana, antes de actuar directamente. Por esa misma razón no se inician las averiguaciones ni en las Contralorías ni en las Procuradurías. Grave cosa pretender dilatar la acción para actuar y distraer. Se trata de respetar la jerarquía y respetabilidad de la Corte. El ministro, independientemente de la resolución final, merece un reconocimiento porque en ejercicio de sus funciones, responde a un reclamo elemental: respeto a la ley y a la dignidad de 49 menores fallecidos. Un caso de torpeza en su gestación y manejo posterior que violó la ley y debe tener graves consecuencias. La situación no está como para seguir desgastando a las instituciones con impunidad.