¿A los jóvenes o a los viejos?

Mitigar la desigualdad en México es el desafío más importante que enfrentará el gobierno de Enrique Peña Nieto. El índice de Gini que muestra el nivel de desigualdad en América Latina señala una tendencia hacia la mejora, aun en el caso de México en donde la disparidad es enorme, los signos son alentadores. Esto ha sido producto de las políticas que han invertido recursos en las personas, sobre todo en la educación de los niños y jóvenes, junto a la estabilidad macroeconómica y la disminución en la tasa de crecimiento de la población. El sentido común indica que hay que reforzar estas acciones en la nueva administración que inicia en unos días, y seguramente escucharemos anuncios en ese sentido en el discurso de toma de posesión del próximo 1 de diciembre. Pero de lo que poco se habla es que los recursos crecientes que demanda la educación de la juventud, indirectamente se los restará a la otra gran demanda: la de la atención a la creciente población mayor que requiere de gastos en salud y pensiones dignas. Por eso, el gobierno, al tener esta doble presión, no tiene más camino que fortalecer los ingresos de la hacienda pública mediante reformas que se traduzcan en un mayor pago de impuestos. Además, hay que sumar el riesgo que nuestro país tiene al depender su gasto público en casi 25% de los ingresos petroleros, con un sistema que hace inviable el crecimiento corporativo de Pemex. Así Enrique Peña Nieto trabaja en presentar una propuesta política que incluya mejoras a la educación y la salud, y al mismo tiempo implique un cambio al sistema fiscal que libere a Pemex, permita la explotación del gas shale, y aumente los ingresos federales y estimule la recaudación de estados y municipios. Se trata de una gran reforma, no de varias, sino de partes de una misma política que se puede resumir en el fortalecimiento del papel rector y promotor del estado mexicano enfocado al crecimiento económico. Esta propuesta no es nueva, en esencia son las mismas ideas barajadas desde hace lustros, pero que ahora tendrán suficiente respaldo político, y las condiciones de estabilidad económicas para llevarse a cabo. Sin embrago no todo será miel sobre hojuelas, porque la amenaza del precipicio fiscal en Estados Unidos puede ser letal para México, y la inestabilidad en Europa también puede producir efectos nocivos aquí, así que la propuesta y su aprobación ahora tiene presión y prisa por instrumentarse, por lo que algunos tratarán de poner caro su apoyo. De cualquier forma la disyuntiva de apostar en el gasto en los jóvenes o en los viejos, parece sencilla al inclinarse por la educación, pero sin una solución a la insolvencia de la seguridad social, puede ser una quimera. Peña no puede dejar de atender los dos extremos.

Guadalajara requiere autoridad de movilidad

Nuestra ciudad tiene un futuro promisorio porque sus habitantes han comenzado a movilizarse en las solución de los problemas vitales. Sobre todo los más jóvenes lo tienen claro lo que quieren: más movilidad colectiva, desincentivo a uso del automóvil en solitario, más movilidad no motorizada y cambio en la aspiración de familia para vivir en espacios en edificios más seguros y funcionales a corta distancia de sus actividades. En términos económicos también podemos hablar de que hay un nuevo mercado de personas con mayor compromiso ecológico y comunitario. Los estudios muestran que las clases medias jóvenes son muy distintas en visión y aspiraciones a la población madura. Ellos son la palanca social que impusará un cambio en la ciudad, pero además poseen una razón moral ineludible porque las nuevas familias ven a la ciudad con otra perspectiva. Por eso las soluciones que se planteen a los problemas como la movilidad, el uso de los espacios públicos, la disposición de la basura, la educación continua y uso de herramientas como la Internet no pueden partir de inercias, sino de una nueva y atrevida perspectiva con soluciones propias que modifiquen los esquemas que se han seguido durante décadas. El ejemplo más reciente del contraste en puntos de vista es el caso del transporte público, cuya estructura funcional ha demostrado su agotamiento. La movilidad urbana implica mucho más que el transporte de personas; supone un factor de calidad de vida y competitividad. Por eso hay que partir de definirla como un servicio público. A la autoridad el corresponde brindarla o concesionarla para otorgar ventajas a los habitantes. Estas se pueden resumir en: el tiempo utilizado para movilizarse, el confort en el servicio, la contaminación que se produce y el costo que se imputa a cada usuario. Lo que tenemos hoy es inaceptable porque es lento, incómodo e inseguro, altamente contaminante y el costo es mucho más alto en proporción para los más débiles económicamente. Por eso, ha llegado la hora de plantearse soluciones de fondo y la primera de todas es asumir la autoridad en el tema. Debe haber una autoridad de la movilidad y el transporte que sea el ente planeador, regulador y supervisor de un servicio público que condiciona la calidad de vida de todas las familias de la ciudad. Esta autoridad es quien debe otorgar o retirar concesiones, en función de los resultados, quién plantee soluciones impositivas al alto consumo de combustible o sanciones a los conductores que infrinjan normas de vialidad. Si no se asume la movilidad como un servicio público que nos afecta a todos seguiremos tomando decisiones aisladas: por una lado se decide la construcción de infraestructura, por otra se opera el transporte público del estado, por la otra operan concesionarios, por otro lado se regula la circulación de vehículos y por otra se crean políticas públicas de planeación y para terminar aislada está la parte de la hacienda pública de la que dependen los proyectos. Guadalajara como ciudad horizontal, que ocupa más de 34 mil hectáreas, con una muy baja densidad en su población exige soluciones. Sus jóvenes comprometidos están alzando la voz, es hora de hacer caso y actuar con la sensatez de quién sabe que el momento de atreverse a dar un salto hacia a delante ha llegado.

Riesgo en las policías

De acuerdo con la ley, para el día ultimo del año todos los mandos y personal operativo de los cuerpos de seguridad del país deben haber aprobado los exámenes de confianza. En Jalisco el proceso de evaluación está en marcha y los resultados de la evaluación, poco a poco, fluyen a las autoridades. La proporción de quienes no aprueban la evaluación varía mucho dependiendo del municipio, pero en general podemos decir, conforme a cálculos conservadores basados en los resultados disponibles, que uno de cada cinco no aprobará. Estos policías no aptos deben ser separados de su cargo en cumplimiento de la ley. En Jalisco entonces tendríamos más de mil quinientos elementos despedidos que se enfrentarían a la fría realidad de estar sin empleo. Si consideramos que muchos de ellos han sido debidamente entrenados en el uso de las armas, y que cuentan con la preparación que les permite conocer, claves, códigos y formas de operación de las corporaciones, entonces podemos afirmar que estos cuerpos de seguridad serían más vulnerables. Pero aun más grave es que una buena parte de estos elementos pudieran convertirse en activos colaboradores de los grupos de la delincuencia organizada, que encontrarían en poco tiempo elementos preparados disponibles. Pero independientemente del riesgo que significa esta posibilidad, está el problema social que significa dejar sin empleo a personas que han dejado una buena parte de su vida en el servicio público sin aparentes derechos de ser indemnizados. La situación puede ser más injusta si las causas por las que no aprobarían el examen de confianza esté relacionada con su edad, peso, condición física o fallas circunstanciales que no impliquen que sean deshonestos o que colaboren con la delincuencia. Ante esa realidad es necesario reformar las normas para que quienes sean separados sean exclusivamente quienes no acrediten su probidad por su comportamiento y no se proceda con quienes tengan faltas derivadas de su condición personal o edad. Pero además será necesario ampliar el plazo para la acreditación porque va a ser muy difícil que las propias autoridades que aplican los exámenes tengan capacidad para dictaminar a todos elementos antes de concluido el plazo. Acometer este tema será tarea de los nuevos legisladores federales, quienes deben ocuparse del asunto a la brevedad. Si no lo hacen seguramente veremos una ola de amparos y correremos el riesgo de ver crecer la migración de ex policías hacia los grupos de delincuentes en todo el país y ser testigos de muchas potenciales injusticias.

lo importante

La agenda del país está peligrosamente dividida entre lo importante y lo espectacular, en momentos clave para nuestro futuro. La responsabilidad de este hecho es de las autoridades y de los medios de comunicación masiva, que convierten a la información en capítulos de entretenimiento vacío.

Lo vistoso está de manifiesto en páginas, fotos, comentarios y toda clase de espacios. El caso de la visita del Presidente de Francia ha sido una muestra de esta realidad lacerante: la figura de la señora Bruni, el caso de la secuestradora Cassis, son la parte más emotiva, mientras que los planteamientos de fondo fueron los temas de seguridad, el planteamiento para que México participe con sus fuerzas armadas en la ONU, el reclamo para que México no se centre en una política con solo un socio, son temas mucho más profundos.

Hacer una agenda de lo importante es oportuno ante la gravedad de la situación: En México hay 500 mil adictos a las drogas duras, 250 mil personas viven relacionadas con el narcotráfico; ha sido ejecutadas mas de mil personas en nuestro país de enero a la fecha; el narcotráfico maneja 24 mil millones de dólares. Los militares norteamericanos consideran necesaria la asistencia y en su caso la intervención armada conjunta en México para terminar con el crimen. El déficit público superará el 1.8% del PIB autorizado por el congreso, la recaudación bajo más de 14% en enero. Son solo algunos temas relevantes que deben objeto de análisis y comentarios de la mayor profundidad. La madurez política y democrática exige que todos los mexicanos dejemos de lado el espectáculo barato de una información reducida a simples impactos emotivos, para compartir temas mucho más profundos.

Las carpetas blancas de la situación actual se pueden subsumir en dos temas: el estado de derecho que está seriamente amenazado, junto con la capacidad de gobierno, por el crimen organizado y la crisis económica que impacta a México con un fuerza sin precedentes y que requiere de movimientos sociales de gran envergadura. Junto a ellas está el tema educativo que es la única salida de fondo a los problemas estructurales de la Nación. Los diagnósticos son graves en todas ellas y las acciones no pueden ser superficiales.

Militarización, cambios constitucionales del régimen castrense, cooperación forzada de estados Unidos, acciones de uso de la fuerza pública están en una de estas carpetas. Intervención del estado en bancos, subsidios al crédito, apoyos económicos a la industria automotriz, reducción del gasto público están en la otra, mientras que en educación pareciera que estamos de experimentos.

El abuso de las agendas vistosas puede ser contra producente para los propósitos de la administración, ya que al fin de cuentas conducirían a la trivialización de la vida pública y la irritación social por el deterioro económico.