sábado, 14 de diciembre de 2013

Persona digital

El enorme crecimiento de identidades en la Internet que intercambian continuamente datos e información en el mundo digital es uno de los retos éticos y jurídicos más importantes a los que se ha enfrentado nuestra civilización. Las plataformas digitales tienen atributos contrastantes: la infinita capacidad de almacenamiento de información, la posibilidad de su mantenimiento permanente por no decir perpetuo y la facilidad para conocer la información de otros, con o sin su consentimiento. El crecimiento de la conectividad se ilustra con un dato: hoy existen cinco mil millones de dispositivos conectados a internet y se estima que llegarán a ser 22 mil millones en 2020. Con estas magnitudes el problema ya no es el crecimiento de la conectividad sino la forma como debe ser gestionada. La sola existencia de la conectividad en esas dimensiones ha cambiado la vida de las comunidades y de las personas y nos plantea cuestiones fundamentales que aun no están resueltas como por ejemplo: ¿Quién es el dueño de los datos que se acumulan y viajan en la red? Y si hay dueños, ¿como se garantizan los derechos de la personalidad, y cómo se pueden hacer efectivos? O si todas las personas tienen derecho a estar conectados o si deben estar conectados a todo y en todo momento, y la respuesta es no, entonces ¿quién regula el nivel de acceso a la conectividad?. ¿debe regularse cómo hacer pública la información? En las posibles respuestas a estas y otras preguntas aparece otra cuestión que es aun más importante: ¿qué papel debe tener la autoridad pública de cada país, que rol deben jugar las empresas? y sobre todo: ¿cuales son los derechos de las personas en el ámbito digital.? Es claro que hasta ahora entre más se actúa en la conectividad más privacidad se pierde. Cabe entonces plantearnos si fuimos nosotros los que renunciamos a esta privacidad o si en realidad la ola de conectividad nos ha arrastrado hasta una pérdida no deseada de información, de facultades y de privacidad. Por otra parte la persona en el ámbito digital en la práctica puede recurrir muy poco a su gobierno para pedir protección a sus derechos. Pero al mismo tiempo la tentación de los gobiernos de regular la red, implica un control a la información y un límite a la creatividad. Y para terminar de describir la complejidad, los organismos multinacionales relacionados con internet tienen muy pocas facultades prácticas relacionadas con los derechos de las personas. Esto ha propiciado que los gobiernos se apropien debida o indebidamente de información digital de personas en todo el mundo, que las empresas también lo hagan y que las personas desconozcan el uso que se da a la información que poseen, usan o la que los describe. Quién gestiona la información posee un enorme poder que ahoga las libertades y derechos de las personas. Esto está haciendo crecer la desconfianza en empresas y gobiernos. Por eso es vital el desarrollo de relaciones jurídicas y morales de mayor precisión entre clientes y empresas; y entre ciudadanos y gobiernos. Pero el hecho es que el desarrollo práctico va muy por delante, crece la conectividad y aumenta al mismo tiempo la desconfianza. Hoy se vive dando testimonio de cada instante por medios digitales, lo hacemos haciendo fotos, videos y enviando textos, compartiendo experiencias, de una forma tal que ha afectado nuestra forma de relacionarnos con los demás, y según algunos nerurocientíficos afecta nuestra forma de pensar y de sentir. En un mundo en el que los detalles de nuestras vidas y relaciones están en la nube digital perpetua, la persona tiene derecho a conservar o recuperar cierto nivel de control sobre su identidad virtual. Ahora ya no es posible borrar el pasado digital y ante esta realidad es imperativo que existan mecanismos legales que refuercen la confianza en una gestión justa y respetuosa de la persona en el ámbito digital.