Casinos en Guadalajara

Las casas de juego nacidas hace siglos en Europa se han transformado en una industria pujante que combina el ocio con las apuestas y el juego de azar. Su establecimiento ha sido motivo de controversia por ser causa de adicción patológica al juego, como por las actividades con las que se le asocia. En México, durante el gobierno del General Álvaro Obregón se promovió el establecimiento de casinos, principalmente en la franja fronteriza Norte, para captar inversiones y actividad económica dada la prohibición de la venta, posesión y consumo de alcohol en Estados Unidos de 1920 a 1933. Pocos años después, en 1938 el Presidente Lázaro Cárdenas ordena por decreto su prohibición, calificándolos de “focos de atracción del vicio, las mafias y la explotación por parte de apostadores profesionales”. Nueve años después, el Presidente Miguel Alemán promulgó la Ley Federal de Juegos y Sorteos que otorgaba al Secretario de Gobernación la facultad de reglamentar, autorizar y controlar todo juego de apuestas. Este ordenamiento mantuvo bajo control la actividad hasta años recientes cuando el gobierno de Vicente Fox autorizó al Secretario de Gobernación para reglamentar esta Ley, lo que abrió la puerta para establecer centros de apuestas deportivas y los llamados bingos. A partir de entonces y aprovechando algunos resquicios legales los casinos son una realidad en México. Se estima que actualmente funcionan más de 360 en las ciudades más pobladas del País. En Guadalajara están en proceso diversos juicios promovidos por particulares que demandan el otorgamiento de autorizaciones y licencias para crecer aun más la oferta de juego. Los que ya funcionan, gracias a resoluciones judiciales, se han convertido en foco de controversia social porque la mayor parte de la comunidad seguramente está de acuerdo con las ideas de Paul Samuelson, el famoso Premio Nobel de Economía que considera que el juego “involucra transferencias estériles de dinero o de bienes entre individuos, sin crear dinero ni bienes nuevos algunos. Sin embargo, aunque no genera producción, el juego sí absorbe tiempo y recursos. Cuando se le prosigue más allá de los limites del recreo, cuyo propósito es precisamente matar el tiempo, el juego resta al producto nacional.” A este criterio mayoritario aquí se oponen otros que argumentan que la actividad económica genera empleos bien remunerados. En medio de esta controversia, el Ayuntamiento de Guadalajara ha sido condenado a otorgar una licencia de funcionamiento de casino en fechas recientes y, aunque las autoridades edilicias consideren la actividad como nociva o riesgosa para la sociedad, no tienen más remedio que acatar las sentencias judiciales. La operación de estas casas implica mayor costo en servicios públicos, riesgo de inseguridad y atención a las personas que sufran la ludopatía, enfermedad silenciosa que se vuelve crónica y costosa por la propensión a conductas fraudulentas, impago de créditos, conflictos familiares, fallas laborales y gastos jurídicos y médicos en los que incurren los pacientes. Por eso, los establecimientos que de hecho funcionan deben ser obligados mediante nuevas leyes a cerrar, o en su caso a contribuir de forma muy importante al gasto público municipal. Habrá que trabajar en el Congreso para reducir y controlar los efectos sociales nocivos asociados a su funcionamiento y, por lo menos, establecer fuertes obligaciones fiscales y de acción social compensatoria a cargo de las empresas que se benefician del juego. La vida destrozada de ludópatas, las familias afectadas, el sufrimiento imputado y la improductividad, son también un hecho que no puede ser compensado con la creación de los empleos asociados al juego. Por eso la discusión sobre el establecimiento de casinos llega a cuestiones morales que enfrentan la libertad económica a la protección a la estabilidad social de las familias. La autoridad está obligada a actuar como un regulador eficiente. Ahora está maniatada por el actuar judicial. Es hora de legislar para poner orden.