Alerta militar

Los Generales de División Tomás Ángeles Dauahare y Ricardo Escorcia Vargas, así como el Brigadier Roberto Dawe son investigados por presuntos vínculos con organizaciones criminales. Han sido detenidos y se mantienen en un arraigo luego que un supuesto testigo protegido, que versiones periodísticas identifican como Jennifer o Roberto López Nájera o el 19, hiciera supuestos señalamientos. La detención de un militar de alto rango es un hecho siempre grave que debe ser visto con extremo cuidado por sus implicaciones sociales y políticas. En el caso del General Ángeles, sin demérito de los demás, es aun más delicado porque se trata de un oficial que llegó a ser el número dos de la jerarquía militar en esta administración, y antes director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas y secretario particular del Secretario de la Defensa Nacional, como director del Heroico Colegio Militar. La decisión de arraigarlos y hacer pública su investigación, seguramente ha cimbrado a la estructura de las fuerzas armadas. En principio, parece difícil de creer que un militar con esa trayectoria se prestara a servir a delincuentes. Dado que no hay aun una acusación de ningún juez, se trata de una simple investigación que trajo consigo una suerte de linchamiento mediático que provocó una percepción negativa en la opinión pública. Hay un daño a su imagen y a la de la institución castrense. Es un asunto de enorme gravedad que seguramente esta siendo procesado en las más altas esferas de las decisiones públicas del País. Sucede a seis semanas de las elecciones presidenciales, en los que de acuerdo con los estudios de opinión el partido en el gobierno está en clara desventaja; a solo unos días de que el General Ángeles participara en un foro sobre temas de seguridad organizado por la Fundación Colosio del PRI en San Luis Potosí. En donde señaló: "Es importante cambiar la estrategia de seguridad nacional; yo me atrevería a decir que no tenemos estrategia de seguridad nacional, no tenemos un apropiado marco de referencia sobre seguridad nacional, no tenemos una base de partida" …"Al enemigo no se le combate en su fuerza, se le combate en su centro de gravedad" afirmó contundente. El arraigo de 40 días dictado por un juez federal implica que habría una acusación formal o un auto de libertad unos días antes de la fecha de la elección. Por el bien de las instituciones nacionales es necesario que se aclare con puntualidad el caso para alejar las especulaciones de que detrás de esto hay intereses políticos. Cuando precisamente el ejército libra una tarea haciendo labores de policía en todo el país, cuando se discute la pertinencia y eficacia de la estrategia de seguridad seguida por el gobierno federal y; cuando en se prepara la sucesión de mandos en la Secretaría de la Defensa Nacional se presenta un caso que no tiene precedentes y que seguramente tendrá muchas repercusiones, sea cual sea el desenlace. Militares y civiles estarán atentos al desarrollo del caso en la recta final de la campaña electoral.