El genio de la Botella

El genio sale de la botella
Luis Salomón
La revuelta de Túnez develó un rostro hasta entonces oculto: la sociedad tomó acción pasando por encima de las tradicionales estructuras de poder. La gente exigió satisfacer sus expectativas de libertad y bienestar igualitario. Después del derrocamiento del régimen de 30 años de Hosni Mubarak en Egipto, el mundo occidental pasó del asombro a la certeza de que Oriente Próximo ha despertado.
Aun no sabemos si se impondrá el despertar democrático en esa región del mundo o sólo se producirán cambios en las elites autoritarias, ni si esto conducirá a un orden estable o al caos radical. Pero es claro que ha llegado el fin de una era para la región. Muchos países resentirán los efectos aun Irán y Arabia Saudí.
Los problemas sociales son parecidos a los de América latina: represión política, subdesarrollo económico y altos niveles de pobreza, falta de educación, alto desempleo y presiones de una población joven y en crecimiento.
Allá la situación se vio agravada por la incompetencia de los regímenes autoritarios de la región, que han sido incapaces de ofrecer a sus jóvenes ninguna perspectiva a las expectativas de sus jóvenes que son parecidos a nuestros ninis. Era sólo cuestión de tiempo para que este barril de pólvora se encendiera.
Las nuevas tecnologías de información de Internet y la televisión por satélite fueron los instrumentos detonadores. El poder blando de -Twitter y Facebook- hijos del Silicon Valley mostraron ser más eficaces que el Pentágono.
Las herramientas digitales de los Estados Unidos se convirtieron en los instrumentos de la revuelta de la juventud árabe y serán de otras muchas muestras inconformidad, incluyendo nuestros países. Seguramente las revoluciones de Oriente Medio habrán de cambiar las estructuras sociales de aquellas naciones, pero el proceso será lento, porque a diferencia de lo que sucedió en Paris de 1968, y Berlín en 1989, las estructuras institucionales occidentales no están maduras en aquellas naciones como si lo estuvieron en Europa. Lo que si sucederá es un reacomodo militar que acentuará la presencia norteamericana en la zona. A diferencia de los países de Europa Oriental loa árabes no tienen la posibilidad de formar parte de la Unión Europea con sus ventajas, sino que deben tomar un camino propio. Es más existe el riesgo del fracaso democrático en manos de grupos oportunistas que ya se frotan las manos. Y que decir de las distorsiones económicas que se producen en distintos mercados.
La revolución del jazmín es una lección para América Latina, porque aunque la inconformidad no está en los niveles de aquellas naciones, si existe una presión enorme por la ancestral pobreza y la debilidad de las instituciones. Si bien es cierto que México no está en las condiciones de Egipto, también lo es, que los cauces de la inconformidad social serán cada vez más amplios usando las tecnologías emergentes y la movilización inmediata.
La acción política en países emergentes ya no será la misma. Los políticos y los partidos tienen el enorme reto de comprender este cambio, porque pueden ser los grandes perdedores, ahora que la base social aparece. El genio ha salido de la botella. Ha dejando en el muro de Facebook una frase: mas ciudadanos libres y menos opacidad corrupta.

Incertidumbre estructural en México y en Jalisco

La economía global es por definición incierta. Para los países, la empresas, los gobiernos, y las personas actuar en un clima de incertidumbre es el mayor reto. Esta incertidumbre está enmarcada dentro de reglas que impiden que se transforme en caos o anarquía. La competencia entre empresas y países se da en el entorno del mercado que está regulado en mayor o menor medida por acuerdos de estricto cumplimiento. Los contratos, convenios, pagos y otras obligaciones se cumplen de manera obligatoria dotando a la operación económica de un mínimo de seguridad. Esta certeza, es el cimiento de la actividad económica. Su producción es una de las funciones esenciales de la autoridad en el estado liberal que vivimos. Desde el tiempo de los filósofos racionalistas como Hobbes y los padres del liberalismo económico como Adam Smith se estableció la importancia del cumplimiento de los pactos esenciales de la sociedad mediante la acción de las autoridades públicas.
Así la incertidumbre del mundo bursátil o de los mercados de materias primas están fuertemente ceñidos a reglas, contratos, observación y llegado el caso, intervención de las autoridades, como lo vimos en la crisis del verano del 2008, cuyos efectos aun nos golpean.
Podemos decir que el éxito económico de las naciones depende en gran medida de la fuerza que sus instituciones posean para dotar de seguridad estructural ante la incertidumbre. En este sentido vale la pena traer a la mente el caso de China en Asia y el de Chile en América Latina, como ejemplos de eficientes marcos institucionales.
Esta seguridad esencial está íntimamente relacionada con la productividad, dado que un falla en ella supone mayores costos estructurales en el desempeño de la vida económica. Esta seguridad la podemos denominar certidumbre institucional que en términos jurídicos y políticos se conoce como vigencia del estado de derecho.
La certidumbre institucional reduce costos, permite la planeación a largo plazo, y genera la seguridad de que las transgresiones a las reglas tienen consecuencias previsibles material y económicamente.
México vive una profunda crisis de incertidumbre institucional. No es cómodo decirlo así de claro, pero es una realidad. Paso a explicar con mayor detalle:
• La certidumbre institucional supone:
o La certeza del cumplimiento de las normas de libertad personal y económica.
o La aplicación eficiente de sanciones a los infractores de las normas.
o La existencia de un sistema eficiente de aplicación de estas normas.
o La disposición de la sociedad a seguir las reglas.
o La confianza individual y la solidaridad comunitaria.
En México no tenemos certeza de que se cumplan las normas que respeten nuestra libertad personal ni la de las empresas. La extorsión y los secuestros son muestra contundente de ello.
La aplicación de las sanciones es irrisoria, sólo el 7% de los delitos denunciados culminan con condena a los culpables según los datos publicados por las organizaciones civiles, como SOS de Alejando Martí.
El sistema de procuración de Justicia, los tribunales y las cárceles son una muestra de ineficiencia y corrupción sistemática.
Viendo ese grado de impunidad la sociedad mexicana está dejando de tener disposición para seguir las reglas y busca resolver soluciones para la seguridad de las personas y las empresas que están aumentando los costos de forma alarmante. Pensemos solo en el dinero que cada uno de nosotros gasta directa o indirectamente en seguridad hoy y comparémoslo con lo que hacíamos hace 10 años.
Eso nos ha llevado a una crisis de confianza en las instituciones y una falta de solidaridad con los asuntos públicos, que son hoy sinónimo de suciedad.
Jalisco está plenamente inmerso en esta realidad. Por eso si nos preguntamos cuál es el principal problema de la economía de Jalisco sin duda la respuesta es la Incertidumbre estructural propiciada por la ineficiencia del desempeño de las instituciones públicas.
Para reforzar esta tesis podemos ver positivo el factor más sólido de la economía de Jalisco: el sector de la transformación industrial y los servicios. Si nos acercamos con cuidado veremos que en el caso de las cadenas de la industria electrónica, estas funcionan con enorme precisión en un entorno de certidumbre en la logística, y en el cumplimiento de procesos globales. La certidumbre operativa es para ellos esencial, lo mismo que para el sector de autopartes, otra de las estrellas notables. Las empresas relacionadas con estas actividades se desempeñan en medio de estrictos cuidados en su seguridad, y aun así son víctimas de robos a trailers y padecen por trastornos producto de la inseguridad. Si comparamos la certidumbre en la que trabajan Jabil, Flextronics o Honda, y la comparamos con cualquier Pyme nos daremos cuenta de la importancia de este factor.
No pretendo ser negativo, sino provocar una sacudida en la reflexión, para que nos demos cuenta que vamos en un camino peligroso y que las autoridades deben proponer un cambio hacia la certidumbre. Un cambio para dejar de trabajar en las percepciones y hacerlo en las estructuras esenciales de la sociedad. Porque el éxito de las autoridades no se mide en la popularidad sino en los resultados objetivos de bienestar de la población, y no hay bienestar en medio de la incertidumbre y el miedo.
No podemos caer en la ingenuidad de creer que un poco de pan y circo el destino de la nación y del estado virará hacia la certidumbre. La responsabilidad con la economía no es agencias privilegios para algunas industrias a las que se dote de mayor certidumbre, sino de generarla para todos. No se trata de generar elegantes guetos sobrevigilados, bardeados en los que se crea artificialmente un clima de certidumbre, sino de que este clima llegue a todos los rincones de las ciudades y el campo. Ese es un trabajo que no le corresponde a la sociedad sino a sus autoridades. Las comunidades reclaman con razón y en la medida de sus posibilidades comienzan a defenderse. No es casual que ya se hable de autodefensas y que se produzcan escenas como la del propietario que defendió su rancho con su propia vida en Tamaulipas.
El costo de la incertidumbre en la economía es muy alto, los pagamos todos, pero es mayor el sacrificio en la calidad de vida, que lleva ahora a miles de mexicanos a emigrar no solo por carencias de ingreso, sino por carencia de certidumbre esencial.
Tenemos un monstruo enorme frente a nosotros, la incertidumbre estructural crece como cáncer, y muchos están distraídos en la superficie y el entretenimiento. O pero en el aprovechamiento de la situación para hacer un botín de las tareas públicas.
La construcción de la certidumbre requiere de un cambio de rumbo político. Que deje de lado las estúpidas disputas partidistas para centrar la atención en la construcción de la solidaridad, que es esencial para la democracia.
Las sociedades, como lo afirma Charles Taylor, No pueden funcionar cuando se supera cierto nivel de desconfianza mutua o la sensación por parte de algunos miembros de que otros los han abandonado. En Jalisco y en México pronto podemos ver que grupos y personas sienten que las instituciones los han abandonado.
Estas líneas están dirigidas a aquellos que toman decisiones públicas. Tienen el propósito de llamar su atención de la forma más constructiva posible, aun cuando para ello hay que recurrir al planteamiento crudo de un problema esencial para nuestro querido México. Es oportuno siempre preguntarse ¿para que se tiene, o se quiere el poder?.
Para construir certidumbre a las personas es una buena, valiosa y oportuna respuesta.

El caso Cassez

Por Luis Salomón
La detención de Florence Cassez sucedió el 8 de diciembre de 2005. Casi dos años después, el 13 de julio de 2007, nuestro País se adhirió al Tratado de Estrasburgo o Convención sobre la Transferencia de Personas Sentenciadas que data de 1983. El decreto, está en vigor desde el 1 de noviembre de 2007. Cuando el presidente francés visitó México en marzo de 2009 la diplomacia nacional preparaba el terreno para una solución diplomática que implicaba la entrega de Florence. El propio Presidente Calderón envió una carta oficial en la que se lee: “Una vez que la defensa de la señora Cassez Crepin agote los recursos que la ley mexicana le concede y en el caso de quedar firme una sentencia condenatoria se podrá explicar la aplicabilidad del Convenio sobre Traslado de personas Condenadas, adoptado en Estrasburgo, Francia, el 21 de Marzo de 1983”. Que ahora la diplomacia mexicana niega como compromiso de entrega de la condenada a sesenta años de cárcel.
Este convenio en su artículo 3 establece que el traslado de un condenado podrá llevarse a cabo en las condiciones siguientes: primero cuando el condenado sea nacional del Estado de cumplimiento en esta caso Francia; segundo cuando la sentencia sea firme como es el caso, tercero cuando la duración de la condena que el condenado sea al menos de seis meses al día de la recepción de la petición o sea indeterminada; cuarto cuando el condenado, o su representante, cuando por razón de su edad o de su estado físico mental uno de los dos Estados así lo estimare necesario, deberá consentir el traslado; quinto cuando los actos u omisiones que hayan dado lugar a la condena deberán constituir una infracción penal con arreglo a la ley del Estado de cumplimiento o la constituirán si se cometieran en su territorio; y sexto cuando el Estado de condena (México) y el Estado de cumplimiento (Francia) estén de acuerdo en ese traslado.
El tratado permite, en lo general, que al condenado se le apliquen las penas que corresponden al delito en el país receptor. En Francia la pena sería de “sólo” 20 años en la cárcel y no de los 60 a los que se condenó a Florence. Ahí está el quid por el cual el Prsidente Calderón no acepta la petición de Sarkozy, quién aprovecha la ocasión al igual que Felipe Calderón para ganar popularidad. El ruido es calculado por ambos presidentes para motivar un “casus belli” que los coloque como líderes nacionalistas. Un caso de manipulación mediática de la diplomacia. Un manejo menos ruidoso de la situación que hubiera permitido que la negociación prosperara. La diplomacia secuestrada por dos Presidentes en pleno berrinche para ganar simpatía.

Desafio del Crimen

El desafío del crimen
Luis Salomón
El crimen ha dislocado a las instituciones mexicanas. El crecimiento de las actividades de la delincuencia evidencia la falta de calidad de la gestión pública: la corrupción crece con el incentivo de la impunidad y toca la administración para convertir las arcas en botín. La actividad partidista está contaminada por el oportunismo que propicia más a personas con perfil de asaltantes que de políticos. En las corporaciones de policía como en muchas oficinas públicas, se simula con servir para realmente aprovecharse del puesto para beneficio propio. Esta realidad ha producido la inoperancia del sistema de acusación delictiva, una enorme simulación en la actividad carcelaria y la ineficiencia del poder judicial a nivel local y federal. Nuestras instituciones judiciales, penitenciarias y policíacas no funcionan adecuadamente, hay que aceptarlo en sus términos para plantear una solución.
La crisis de instituciones ha sido aprovechada por las organizaciones criminales para hacerse del control de cárceles, ministerios públicos, procuradurías, cuerpos policíacos y juzgados a los que someten con la fuerza de los recursos capaces de comprar voluntades.
Con ello ha crecido la impunidad para estos grupos que han pasado a controlar el tráfico y distribución de drogas, armas y personas en tránsito ilícito. Mediante bandas organizadas de forma celular administran territorios, imponen cuotas y someten a la delincuencia común.
Al reconocer su dimensión, estos grupos han sido capaces de escalar sus operaciones para hacerlas cada vez más sofisticadas y ampliar sus redes hacia otros países. Sus propósitos pasan de controlar una actividad a controlar territorios neutralizando de hecho a las autoridades. Convierten a policías y autoridades en miembros activos de sus organizaciones generando espacios de influencia que ya no amenazan al orden, sino que imponen uno nuevo. Por eso aunque estos grupos no tienen fines políticos particulares son una fuerza insurgente del estado. Son un desafío explícito a las instituciones que imponen una autoridad de facto: la de un grupo que controla una “plaza”.
Por eso algunos funcionarios de los Estados Unidos se han referido a esta realidad como una amenaza que va más allá de un hecho policíaco para darle grado de amenaza insurgente estratégica, capaz de aliarse o ser aprovechada por el terrorismo antinorteamericano. Negar esta realidad equivale a esconder la cabeza en un agujero. La delincuencia controla estructuras públicas y algunas zonas de México, lo que supone que debemos detenernos para plantear un cambio profundo en los sistemas de aplicación de la ley. El estado de derecho en México es precario o por lo menos muy ineficiente. Urge replantearnos el Ministerio Público para hacerlo independiente, probo y eficiente; cambiar la forma como se operan los juicios que solapan corrupción a cada paso procesal, renovar el sistema carcelario y blindar las actividades electorales a la acción de las organizaciones criminales. Pero sobre todo nos urge que el hartazgo ciudadano respecto de estas cosas se exprese de forma consistente, en foros, calles y propuestas. La realidad ya ha rebasado a los políticos, ahora la sociedad los va a rebasar a ellos.

La revuelta en Egipto

Egipto vive una revuelta social en la que están inmiscuidos intereses extranjeros. Es un punto de importancia geopolítica por el canal de Suez, y su papel próximo Estados Unidos en las diputas de los árabes con Israel. La revuelta ha desatado el temor de que pueda llegar un régimen islamista al poder y atentar contra en equilibrio de fuerza en la zona. El temor es fundado. Pero hay que decir también que la política basada en un credo religioso, no es necesariamente violenta, ni siquiera en el mundo islámico, como tampoco son los musulmanes los únicos que se rebelan contra regímenes seculares en nombre de su fe, ya vimos que la Iglesia Católica desempeñó un papel importante en la rebelión contra el comunismo y los budistas en Birmania se opusieron a la junta militar.
Las organizaciones religiosas pueden movilizar al pueblo contra gobernantes corruptos y opresores, dado que la mayoría de las rebeliones son morales, además de políticas. Pero también cierto que cuando las instituciones religiosas toman el poder político, nunca son democráticas. No pueden serlo, porque la autoridad religiosa exige la obediencia a un poder divino, que, por definición, no se presta a la impugnación racional. Eso pasó en Irán en 1979 con Jomeini y ese el fantasma que se aparece cada vez que hay revueltas islámicas.
En el caso de Túnez y de Egipto las revueltas no han sido encabezadas por los grupos islamistas proscritos, que en el primer caso se agrupan en la organización denominada Partido del Renacimiento o Ennahdha y en el segundo el los llamados Hermanos Musulmanes. Ellos se han sumado a las movilizaciones y tratan de asumir control o influir en ellos. Por eso los gobiernos, tratan de evitar que esto suceda para prevenir la radicalización religiosa. El tema central en Túnez y Egipto es la caída de los gobernantes como símbolos y no cuestiones religiosas. En estas naciones no hay un Jomeini ni guerra santa o Yihad. Tenemos un hecho inédito: una revuelta civil en el mundo árabe, producida probablemente por la sensación común de frustración, indignación ante la corrupción y humillación por la opresión. La presión contenida que se ha expresado debe encausarse, porque si no de hace, entonces sí puede producir inspiraciones religiosas y más violencia suicida. Saber si los tunecinos y los egipcios se encaminan hacia un régimen liberal, más o menos democrático, es una de las grandes incógnitas. Quizá motivo de trabajo de los grandes servicios de inteligencia internacionales y de la preocupación expresada por el Presidente Barak Obama.
Egipto no es Irán, pero ya sabemos los que puede pasar cuando las aspiraciones democráticas quedan frustradas por miedo al radicalismo religioso. La lección de Argelia en 1992 también aporta en este caso: El golpe militar en aquella nación aplastó a los islamistas, produciendo una guerra civil que causó la muerte violenta de hasta 200.000 personas.
Hasta ahora, las multitudes de El Cairo, Alejandría y Suez no han sido violentas ni han estado enardecidas por la fe. Resulta imposible aún predecir lo que ocurrirá, pero es claro que ha iniciado un tormenta liberal para el mundo árabe.